La Contraloría General de la República emitió un informe final que revela un grave desorden administrativo y falta de coordinación entre el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez en la gestión del Programa de Reunificación Familiar, lo que llevó al organismo fiscalizador a instruir sumarios administrativos en las tres instituciones.
El informe, identificado como el N°541-2025 y fechado el 24 de junio, tuvo como origen la investigación de denuncias sobre el ingreso de niñas, niños y adolescentes provenientes de Haití bajo la figura de reunificación familiar, específicamente aquellos que llegaron al país mediante vuelos chárter. La fiscalización se centró en posibles vulneraciones a los derechos de los menores.
IRREGULARIDADES EN PERMISOS Y CONTROLES DE INGRESO
Uno de los hallazgos más críticos apunta a incumplimientos normativos en el otorgamiento de los permisos de reunificación familiar. La Contraloría detectó la aceptación de certificados vencidos o carentes de legalización, así como la ausencia de documentos que la ley y el reglamento exigen como indispensables para autorizar la entrada al país.
A esto se suma la emisión de un memorándum interno que, sin que el funcionario tuviera atribuciones para hacerlo, rebajó los requisitos y condiciones aplicables al procedimiento. Este documento, según el ente contralor, modificó de facto lo que la normativa exige, facilitando el ingreso sin las garantías documentales mínimas.
En materia de control de vuelos, especialmente los chárter, la auditoría evidenció que una aerolínea no presentó el listado de pasajeros exigido por la normativa. Pese a ello, el SERMIG no aplicó oportunamente la sanción correspondiente. Además, se constató una verificación insuficiente de la identidad y vínculo de los adultos responsables de los menores, lo que impide asegurar un control migratorio adecuado.
DEBILIDADES INSTITUCIONALES Y FALTA DE COORDINACIÓN
El informe destaca una serie de falencias en el SERMIG, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez, todas asociadas a debilidades de control interno, falta de coordinación interinstitucional y deficiencias en la gestión de procesos migratorios.
En el caso del SERMIG, se identificaron carencias significativas: no se verificaban adecuadamente los datos autorreportados por los solicitantes, no existían protocolos para situaciones críticas como el fallecimiento del vínculo familiar y se aprobaban permisos sin contar con antecedentes esenciales como el Informe Policial. La calidad de la información también resultó deficiente, con registros incompletos, duplicados o erróneos.
Por su parte, la PDI carece de manuales generales, formales y completos de control migratorio, operando solo con instructivos parciales. Se detectaron errores en los registros, como digitación incorrecta de números de pasaportes, discrepancias en la información migratoria con el SERMIG y debilidades en la fiscalización de extranjeros en situación irregular, función que la ley le asigna expresamente.
La Subsecretaría de la Niñez, junto con las otras entidades, presentó una débil estructura de control interno, evidenciada en la falta de segregación de funciones, ausencia de procedimientos formales en la asignación de solicitudes y carencias en la definición de roles en los sistemas informáticos institucionales. La falta de coordinación entre los organismos implicó que no existieran protocolos comunes para el resguardo de los menores, deficiencias en el intercambio de información y respuestas tardías ante situaciones de riesgo.
ACCIONES DERIVADAS Y MEDIDAS ADOPTADAS
Ante la magnitud de las irregularidades, la Contraloría instruyó sumarios administrativos en los tres servicios auditados para determinar eventuales responsabilidades funcionarias. A esto se suma la orden de implementar sistemas de seguimiento activo de los niños, niñas y adolescentes por parte de la Subsecretaría de la Niñez y las oficinas locales de la Niñez, con el fin de verificar que no se hayan vulnerado sus derechos.
Además, se dispuso la realización de un examen de cuentas autónomo por la falta de aplicación de sanciones pecuniarias a la aerolínea que ingresó al país sin cumplir la normativa. Finalmente, se abrió un procedimiento disciplinario por la vulneración del deber de reserva del pre informe y el tratamiento indebido de información sensible, incluyendo datos de los niños, niñas y adolescentes. Los antecedentes de esa filtración fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público.
Fuente: Sitio Web de Contraloría de Chile
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
