El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, salió al paso de las controversias generadas por los cobros a deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE) y, en paralelo, elevó críticas al manejo del Censo 2024 durante el gobierno anterior. En una entrevista concedida a Canal 13, la autoridad defendió la actuación de la Tesorería General de la República (TGR) y cuestionó las expectativas que, según su visión, se instalaron en la administración pasada respecto del CAE.
COBROS DEL CAE Y LA SUBROGACIÓN DE LA TESORERÍA
Pavez explicó que el CAE opera bajo un principio claro: se trata de un crédito, no de una beca, y como tal debe ser pagado. El Estado actúa como garante cuando el deudor no cumple, y esa garantía recae en todos los ciudadanos. En ese contexto, la TGR se ha subrogado en la posición del banco para perseguir el cobro de las deudas, un procedimiento que, según indicó, fue notificado a los deudores en abril.
El subsecretario señaló que aproximadamente 29 mil personas se acercaron a pagar o repactar sus obligaciones, mientras que cerca de 1.487 personas no lo habían hecho hasta hace algunos días. Para Pavez, esa fracción es menor y representa a quienes no han contribuido a ponerse al día con una deuda que considera de todos.
Sobre los cobros forzosos, afirmó que, conforme a lo informado por el ministro de Hacienda y la propia TGR, no se han dirigido contra personas sin ingresos suficientes. Insistió en que el llamado ha sido a repactar y que la TGR está disponible a través de sus canales oficiales.
Consultado por la controversia entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el expresidente Gabriel Boric, Pavez sostuvo que el gobierno no debe comentar dichos de coyuntura del exmandatario. Agregó que la reacción de Hacienda buscó cuestionar posturas que presentan al Ejecutivo como si buscara generar daño a los deudores.
CRÍTICAS AL CENSO 2024 Y LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS
En otro ámbito, el subsecretario abordó las observaciones de la Contraloría General de la República al Censo 2024. Pavez afirmó que la auditoría va más allá de las 140 personas contratadas irregularmente. Según detalló, el cuestionamiento principal asciende a 480 millones de pesos que no estarían correctamente rendidos.
Uno de los puntos que calificó como grave fue la rendición de 134 millones de pesos en gastos de transporte correspondientes a una jornada en la que, según sus dichos, nadie salió a censar. También mencionó la contratación de 14 extranjeros irregulares por parte de una empresa y personas con antecedentes penales, lo que consideró grave, aunque señaló que todo lo ocurrido en el proceso censal lo es.
En ese contexto, Pavez sostuvo que las autoridades del gobierno anterior deben dar explicaciones. Mencionó específicamente al entonces ministro Nicolás Grau, cuestionando que no se haya visto a nadie de la actual oposición defender el Censo con el informe de la Contraloría. Planteó que, más allá de los sumarios abiertos por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la discusión sobre responsabilidades políticas no está agotada.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
