La menor recaudación de la Ley de Cumplimiento Tributario (LCT) amenaza con modificar el calendario de implementación de la reforma previsional aprobada durante la administración anterior, según advierte el actual Ministerio de Hacienda en el último Informe de Finanzas Públicas. El gobierno de José Antonio Kast ha calificado la situación como un nuevo error en las proyecciones fiscales heredadas, cuyos efectos se extienden más allá de las arcas fiscales.
La LCT, impulsada por el exministro Mario Marcel y promulgada a fines de 2024, fue una de las principales normas antievasión del gobierno de Gabriel Boric. Su objetivo declarado era fortalecer la fiscalización tributaria y reducir la elusión, con miras a financiar el alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) hasta los 250.000 pesos y sostener la reforma previsional. En su diseño original, se proyectó que la norma aportaría un 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) cuando alcanzara su plena implementación. Sin embargo, desde el inicio hubo advertencias internacionales, incluido el Fondo Monetario Internacional, sobre el impacto limitado que reformas similares han tenido en otros países.
LOS NÚMEROS CORREGIDOS POR LA DIPRES
El reporte de finanzas del primer trimestre de 2026, emitido por la Dirección de Presupuestos (Dipres) del gobierno actual, señala que la recaudación real de la LCT ha resultado más lenta y menor que lo estimado en el informe financiero asociado al proyecto de ley. Los efectos en el impuesto a la renta y en ciertos componentes del IVA son inferiores a lo previsto, y el rendimiento de la repatriación de capitales —medida que el actual Ejecutivo ha vuelto a proponer en su proyecto misceláneo— resultó muy por debajo de las expectativas.
Como respuesta a esta evidencia, el Ministerio de Hacienda aplicó un ajuste prudencial, reduciendo severamente las expectativas de recaudación futura de la LCT. La estimación en régimen se redujo de 1,5% del PIB a 0,5% del PIB. Para el año en curso, la proyección pasó de un 0,7% a un escaso 0,1% del PIB. Este recorte busca evitar que una brecha de ingresos no reconocida deteriore aún más las cuentas fiscales, resguardando la coherencia de las proyecciones del gobierno.
LA CLAUSULA DE SALVAGUARDA DE LA REFORMA PREVISIONAL
Durante la tramitación legislativa de la reforma previsional, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) recomendó incorporar una cláusula de salvaguarda ante la posibilidad de que la recaudación de la LCT resultara insuficiente. La cláusula estipula que, si en 2027 una evaluación externa de la LCT confirma un rendimiento menor al esperado, el plazo para completar el aumento total de siete puntos porcentuales en la cotización a cargo del empleador podría ampliarse de nueve a once años. La reforma comenzó con un alza de un punto porcentual en 2025.
POSIBLE ACTIVACION ANTICIPADA
Con las cifras actualizadas de la Dipres, el requisito de la cláusula ya se cumpliría antes de la evaluación formal de 2027. Esto significa, aunque existe discusión al respecto, que la extensión del plazo de implementación podría activarse al quinto año de vigencia de la reforma, y no necesariamente al noveno como estaba previsto en el escenario base. En la práctica, el mecanismo de cautela, que se concibió como un recurso de última instancia, se convertiría en el camino estándar, haciendo que el incremento de cotizaciones sea más gradual y se extienda por un período mayor.
El panorama fiscal y previsional enfrenta así un nuevo desafío, con la exactitud de las proyecciones oficiales puesta nuevamente en entredicho y el cronograma de la reforma previsional corriendo el riesgo de alargarse más de lo inicialmente contemplado.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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