Un ejecutivo bancario figura entre los 17 ciudadanos venezolanos formalizados en el marco de la denominada «Operación Tokio», investigación que reveló un presunto lavado de activos por 78 mil millones de pesos chilenos, fondos que habrían sido canalizados hacia el Tren de Aragua, organización criminal transnacional. La audiencia se realizó este domingo en el 10° Juzgado de Garantía de Santiago.
FORMALIZACIÓN Y MEDIDAS CAUTELARES
El tribunal imputó a los 17 extranjeros por los delitos de asociación criminal, asociación ilícita para lavado de activos, lavado de activos, extorsión y contrabando. Tras escuchar los antecedentes presentados por la Fiscalía, el juez decretó la prisión preventiva para 14 de los formalizados, mientras que los tres restantes quedaron sujetos a arresto domiciliario total y nocturno. El plazo de investigación fijado es de 150 días.
Entre los imputados se encuentra José Carlos Pérez Asencio, de 33 años, quien se desempeñaba como ejecutivo del Banco Santander en la sucursal ubicada en la esquina de Agustinas con Miraflores. La madrugada del martes 2 de junio pasado, ese recinto bancario fue allanado por efectivos policiales en el marco de esta investigación.
DELITOS ECONÓMICOS Y LAVADO DE ACTIVOS
El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, explicó que la elevada suma de dinero «salió de nuestro país a través de empresas de criptomonedas hacia otros países». Barros agregó que se trata de «uno de los mayores lavados que hemos tenido en Chile». La Fiscalía atribuye a la red una operativa compleja que involucraba transferencias digitales para ocultar el origen ilícito de los fondos.
La investigación acreditó la existencia de una estructura criminal del Tren de Aragua que operaba en territorio nacional. Esta organización se dedicaba, entre otras actividades, a realizar extorsiones a locatarios del Barrio Bellavista y a productores de eventos, utilizando métodos de intimidación y violencia.
ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN
El caso tiene su origen en el denominado quíntuple homicidio de Lampa, una masacre ocurrida en 2024 que conmocionó a la opinión pública. A partir de ese hecho, las diligencias policiales y fiscales permitieron identificar una red más amplia de delitos económicos y asociación ilícita vinculada al crimen organizado trasandino.
La «Operación Tokio» ha sido calificada por las autoridades como un golpe significativo contra el lavado de activos y la extorsión, delitos que afectan tanto a la seguridad pública como al orden económico del país. La investigación continúa bajo la dirección de la Fiscalía Metropolitana Sur, con el apoyo de unidades especializadas.
PLAZO DE INVESTIGACIÓN Y PRÓXIMOS PASOS
Con un plazo de 150 días otorgado por el tribunal, la Fiscalía deberá reunir las pruebas necesarias para formalizar una acusación formal. Durante este período, los imputados que permanecen en prisión preventiva continuarán privados de libertad, mientras que quienes obtuvieron arresto domiciliario deberán cumplir estrictas medidas cautelares.
La defensa de los formalizados aún no se ha pronunciado públicamente sobre los cargos. Se espera que en las próximas semanas se realicen nuevas diligencias, incluyendo la revisión de documentación bancaria y registros de transacciones de criptomonedas, con el fin de rastrear el flujo de los 78 mil millones de pesos.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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