La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) una serie de sugerencias sobre la normativa que regula la contratación y subcontratación de personal y la resolución de controversias en obras públicas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), con el objetivo de proteger la libre competencia y optimizar el sistema de contratación.
El informe, elaborado a raíz de una solicitud de varias empresas constructoras, identificó tres aspectos de las normativas mencionadas que podrían afectar la libre competencia o hacer menos eficientes los procesos constructivos a cargo del Minvu.
PROHIBICIÓN DE INSCRIPCIÓN SIMULTÁNEA
La primera de estas recomendaciones es la prohibición de inscripción simultánea de empresas relacionadas en el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), ya que considera esto una barrera de entrada para la participación de nuevos oferentes. Adicionalmente, indicó que la prohibición de esta medida debe ir acompañada de mecanismos que eviten la participación simultánea de empresas relacionadas en una misma licitación.
SUBCONTRATACIÓN
La segunda recomendación se relaciona con la ausencia de una definición específica en la normativa del Minvu para la subcontratación de personal para obras contratadas por los Servicios de Vivienda y Urbanismo (Serviu), generando espacios de incertidumbre y heterogeneidad en su aplicación. Adicionalmente, la FNE observó que el Serviu de cada Región utiliza criterios distintos respecto de los límites permitidos para subcontratar y de las exigencias aplicables a los subcontratistas.
Como solución, la FNE recomendó «incorporar una definición expresa de subcontratación, establecer un límite porcentual máximo de subcontratación de carácter nacional y vinculante, prohibir la subcontratación horizontal entre empresas inscritas en un mismo registro y categoría del Registro Nacional de Contratistas del Minvu y restringir la posibilidad de que los subcontratistas subcontraten las labores que les sean asignadas».
RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
La tercera recomendación hecha al TDLC es sobre los mecanismos de resolución de controversias durante la ejecución de estos contratos. En este sentido, la FNE advirtió que la normativa vigente no contempla mecanismos especializados de resolución de conflictos durante la ejecución de los contratos de obras públicas, generando incertidumbre, retrasos y mayores costos en la ejecución de los proyectos. Para enfrentar este problema, la institución recomendó «implementar mecanismos que las propias partes estimen adecuados, siempre que sean claros, transparentes, predecibles y cuenten con decisiones vinculantes».
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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