El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) encendió las alarmas sobre el estado de las finanzas públicas al proyectar que la deuda bruta superará el umbral prudente del 45% del PIB durante el período 2027-2030, en un escenario que exige medidas correctivas adicionales y un acuerdo político amplio. El organismo entregó su Informe semestral, donde analizó las perspectivas fiscales del gobierno del Presidente Gabriel Boric y desestimó las acusaciones de inconsistencias en las cifras de deuda difundidas por el Ejecutivo, al señalar que no existe un error aritmético en las proyecciones.
ADVERTENCIA DEL CFA SOBRE DEUDA PÚBLICA
El informe del CFA detalla que la deuda pública mantiene una trayectoria ascendente. Según las proyecciones de la Dirección de Presupuestos (Dipres), el nivel prudente se superaría en 2028, con un 45,4% del PIB, alcanzando un 46,5% en 2030. El CFA, por su parte, calcula que la deuda podría llegar a un máximo de 48,0% del PIB en 2033, y que la probabilidad de superar el 45% del PIB se acercaría al 50% en 2028 si se incorpora la variabilidad normal de los supuestos.
El organismo subrayó que el país enfrenta un desafío fiscal de naturaleza estructural, cuya solución requiere medidas permanentes, monitoreables y creíbles. Enfatizó la necesidad de un acuerdo amplio entre el Ejecutivo y el Congreso para asegurar la coherencia entre gastos permanentes y fuentes de financiamiento, con el objetivo de fortalecer la credibilidad de la regla fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
PRESIONES FISCALES PERSISTENTES
El CFA advirtió que las presiones de gasto reconocidas en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de 2026 son superiores a los recortes anunciados por el Ministerio de Hacienda. Estas presiones provienen de mayores obligaciones legales ineludibles, principalmente en gasto de personal, así como en salud y pago de intereses. Aunque el gobierno ha implementado medidas de reducción de gasto relevantes y ha anunciado otras adicionales, estas resultan insuficientes frente a los compromisos adquiridos.
En cuanto a los ingresos fiscales, el CFA valoró la corrección prudencial aplicada a la recaudación asociada a la Ley de Cumplimiento Tributario (LCT), pero identificó riesgos persistentes. Entre ellos, destacó la posible reversión del Impuesto Sustitutivo de Impuestos Finales (ISIF), que adelanta recaudación de ejercicios futuros, y una menor recaudación por el menor dinamismo económico, considerando los recortes en las proyecciones de crecimiento para 2026 realizados por organismos internacionales y el Banco Central.
CFA DESCARTÓ INCONSISTENCIAS EN PROYECCIONES
El gobierno del Presidente Boric había acusado a la administración anterior de presentar proyecciones de deuda “inconsistentes” entre los informes de finanzas públicas del tercer y cuarto trimestre de 2025, y anunció un sumario que sigue en curso. Sin embargo, el CFA ya se formó una opinión clara.
El análisis del CFA no identificó una inconsistencia aritmética en las proyecciones publicadas en el IFP4T25. Señaló que los cuadros de fuentes y usos de financiamiento son internamente consistentes, y que la diferencia entre el mayor déficit acumulado y la mayor variación de deuda bruta se explica por partidas identificables. Lo que el organismo detectó fue que la proyección incorporaba supuestos de ajuste o gestión financiera no explicitados, que en la práctica corresponderían a la siguiente administración aplicar. La falta de explicitación de estos supuestos dificulta la evaluación posterior, especialmente cuando son de gran magnitud y podrían incidir en el límite de endeudamiento.
RECOMENDACIONES Y VISIÓN DE EXPERTOS
El CFA presentó recomendaciones en cuatro áreas: monitoreo de proyecciones de ingresos y presiones de gasto; seguimiento de acciones correctivas anunciadas por el Ejecutivo; trayectoria de la deuda bruta y ancla fiscal de mediano plazo; y metodología y transparencia en las proyecciones de deuda.
Macarena García, economista de LyD, afirmó que la alerta del CFA coincide con el escenario alternativo negativo planteado por la Dipres, y que la actividad del primer cuatrimestre de 2026 aumenta la probabilidad de ese escenario. Agregó que para estabilizar la deuda bajo el 45% del PIB se requieren medidas estructurales, como el proyecto de Reconstrucción y reformas adicionales.
Juan Ortiz, economista del OCEC-UDP, planteó que el principal mensaje es la necesidad de profundizar el ajuste fiscal no solo en el corto plazo, sino en el mediano plazo. Subrayó que la economía política en Chile debe evaluar los llamados de alerta del CFA para lograr un acuerdo político que impulse un ajuste creíble y sostenible, junto con medidas para impulsar el crecimiento económico. De lo contrario, los riesgos fiscales y de sostenibilidad del financiamiento de programas sociales aumentarán en el corto plazo.
Sobre la ausencia de inconsistencias, García sostuvo que todavía no hay suficiente información para un juicio adecuado, mientras que Ortiz señaló que el CFA aclara que no hay inconsistencia, sino una debilidad metodológica en la incorporación de supuestos que afectan el financiamiento de déficits y la evolución de la deuda.
El organismo insistió en que el país necesita medidas permanentes y creíbles, y que un acuerdo político es indispensable para garantizar la coherencia fiscal a largo plazo.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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