La credibilidad de la institucionalidad fiscal chilena enfrenta un nuevo test luego de que el Ministerio de Hacienda decidiera postergar por segunda vez la publicación del Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al primer trimestre de 2026. Economistas y exautoridades han señalado que estos movimientos de última hora generan incertidumbre y restan confianza en la gestión de las cuentas fiscales, justo cuando se debate en el Congreso una reforma de alto impacto presupuestario.
POSTERGACIONES DEL INFORME
Originalmente, la entrega del IFP había sido agendada para el 12 de mayo. Luego se trasladó al 20 de ese mes y, finalmente, quedó fijada para el lunes 25 de mayo. Desde la cartera que encabeza el ministro Jorge Quiroz explicaron que el cambio responde a necesidades de organización interna y coordinación institucional. Otras fuentes internas agregan que la fecha coincide con la votación en la Cámara de Diputados de la denominada megarreforma, lo que habría influido en la decisión.
El IFP es elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) y contiene las proyecciones de ingresos, gastos y el balance fiscal. Este informe sirve como insumo fundamental para que los analistas anticipen el contenido del decreto fiscal que Hacienda debe presentar a más tardar el 9 de junio, donde se definirá la trayectoria de reducción del déficit estructural para todo el mandato del Presidente José Antonio Kast.
META FISCAL EN CUESTIONAMIENTO
Uno de los compromisos emblemáticos de la campaña de Kast fue alcanzar un balance estructural de 0% del PIB hacia 2030. No obstante, el propio ministro Quiroz matizó recientemente ese objetivo al señalar que el decreto fiscal aún no ha sido emitido y que se evaluará toda la evidencia disponible. «El decreto fiscal no se ha dictado todavía; lo daremos a conocer cuando corresponda», declaró el jefe de las finanzas públicas, dejando abierta la posibilidad de revisar la meta.
El decreto fiscal, basado en la Ley de Responsabilidad Fiscal, establece los compromisos de gasto y las metas de balance estructural para la administración, definiendo el marco de gestión de deuda y sostenibilidad financiera de largo plazo.
REACCIONES DE EXPERTOS
El exministro de Hacienda Ignacio Briones manifestó su sorpresa a través de la red social X. Primero había anunciado la publicación del IFP para el 20 de mayo, pero al conocerse el nuevo aplazamiento escribió que resulta llamativo que la Dipres vuelva a postergar -ahora para el 25- un informe con proyecciones fiscales que estaba previsto para mañana, y que esa información es esperada por el mercado y habría sido valiosa para el debate de un proyecto de ley con implicancias fiscales.
El economista del OCEC-UDP, Juan Ortiz, calificó el cambio como «no positivo» en medio de la discusión del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional. A su juicio, el IFP es un insumo clave para un proyecto emblemático del gobierno, por lo que postergarlo sugiere que el escenario macroeconómico y fiscal está sujeto a ajustes de último momento. Además, consideró que esta situación no ayuda a recuperar la credibilidad de la Dipres, cuestionada desde hace años.
Luis Eduardo Escobar, economista y exasesor de la candidatura de Jeannette Jara, afirmó que institucionalmente siempre es malo tener que postergar fechas ya anunciadas. Sugirió que, ante la complejidad del momento, lo adecuado habría sido fijar un plazo más largo desde el principio, como publicar a fines de mayo.
Hernán Frigolett, exdirector del SII y exembajador de la OCDE durante el gobierno de Gabriel Boric, fue más categórico: «Sí afecta la institucionalidad, porque es parte de la responsabilidad fiscal». Comparó la situación con un eventual retraso en la publicación del Informe de Política Monetaria (Ipom) por parte del Banco Central.
Una posición más matizada ofreció la economista de LyD, Macarena García. Señaló que no hay una obligación legal para publicar el IFP en una fecha específica y que incluso la fecha ha variado en años anteriores. Sin embargo, advirtió que no publicarlo sí afectaría la institucionalidad, pues se interpretaría como un intento de ocultar información. Respecto al límite de deuda, García indicó que sería deseable mantener la meta de 45% del PIB hacia el final del gobierno, ya que ese nivel surgió de estudios técnicos y contó con amplio acuerdo político.
Frigolett, por su parte, estimó que si los ingresos fiscales no se comportan según lo previsto, debido al menor crecimiento económico y a los efectos de la megarreforma, es posible que el límite de deuda supere el 45% del PIB.
El informe final se publicará el lunes 25 de mayo y se espera que contenga las proyecciones oficiales que orientarán la discusión fiscal para los próximos años.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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