Comisión de Recursos Hídricos escucha a autoridades regionales sobre modernización de servicios sanitarios rurales
La Comisión de Recursos Hídricos, Desecación y Sequía del Senado recibió a consejeros regionales de Los Lagos y al gobernador metropolitano para conocer sus propuestas sobre la actualización del régimen que regula los sistemas de agua potable rural (APR). La instancia busca modernizar la normativa ante el aumento de la escasez hídrica, el crecimiento de localidades rurales y los problemas de gestión y financiamiento de los comités y cooperativas.
En la sesión, los representantes territoriales expusieron las dificultades que enfrentan los APR, como las altas pérdidas de agua -cerca del 60% en la infraestructura instalada- y los costos elevados para extender redes en zonas australes. Señalaron que un kilómetro de línea puede costar aproximadamente mil millones de pesos, valor que se duplica en sectores como la provincia de Palena, Chiloé o Calbuco debido a la dificultad de transporte y mano de obra.
Uno de los planteamientos presentados fue la incorporación de un nuevo artículo que permita contratos integrados, conservación global, mantención regional, operación técnica parcial, financiamiento compartido y contratos a largo plazo. Esta fórmula busca asegurar la mantención continua de los sistemas y evitar el deterioro progresivo.
PROYECTO EN TRÁMITE EN EL SENADO
Actualmente se tramita en el Senado un proyecto heredado de la administración anterior que busca modernizar la regulación de los servicios sanitarios rurales. La iniciativa fortalece a los comités y cooperativas encargados del agua potable y saneamiento en zonas rurales, otorgándoles un marco más estable, profesionalizado y con mayor apoyo estatal.
El proyecto fue aprobado en general por 42 votos a favor y tres en contra, y se fijó plazo para presentar indicaciones hasta el 11 de junio, tras lo cual comenzará su discusión en particular. Entre los puntos clave planteados por los expositores están el financiamiento vía tarifas, para que no recaiga injustamente sobre las familias rurales, y el rol de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que no debe tratar a un APR como una sanitaria privada.
También se enfatizó que el Estado, al haber invertido fondos públicos en la construcción de la infraestructura de los APR, debe ser el garante de su reposición, evitando traspasar ese costo a comunidades que ya pagan tarifas ajustadas al mínimo. Los consejeros destacaron la necesidad de que el Estado reconozca y apoye a los dirigentes de los comités, quienes sin formación técnica se encargan de la operación y mantención de los sistemas.
La comisión acordó continuar el análisis de las propuestas y recoger insumos para perfeccionar la normativa, que apunta a dar mayor estabilidad jurídica a los APR, con licencias indefinidas e intransferibles, y a crear una subdirección en el Ministerio de Obras Públicas que permita fusiones e intervenciones en caso de riesgo.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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