El gobierno del Presidente José Antonio Kast ha precisado que la Política Nacional de Seguridad Pública, promulgada durante la administración anterior, constituye el marco general sobre el cual se sustentará la gestión en dicha materia, aunque con un plan específico propio. Así lo manifestó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, al defender las declaraciones del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien señaló que la actual política es suficiente para trabajar.
LA POLÍTICA NACIONAL COMO MARCO Y LA IMPRONTA DEL GOBIERNO
En entrevista, Pavez explicó que la normativa que creó el Ministerio de Seguridad exige contar con una política nacional de seguridad pública que opera como un marco general del sistema. Aclaró que ese instrumento no debe confundirse con el plan de seguridad que el actual gobierno presentará. Precisó que aquella política no corresponde al plan de seguridad propio del Mandatario.
Arrau, por su parte, anunció que su administración operará dentro de ese marco, el cual tiene una vigencia de seis años y permite implementar planes y programas. El ministro destacó que la ley que creó la cartera obliga a desarrollar estrategias operativas en áreas como narcotráfico, crimen organizado y control fronterizo, y que se empezarán a cumplir los procedimientos asociados.
Pavez enfatizó que el ministro Arrau trabaja en su propia impronta, la cual será presentada en el Senado el próximo 2 de junio. Defendió que la administración de Kast llegó al poder con un programa propio, pues todas las candidaturas presidenciales presentaron su plan de seguridad al inscribir sus candidaturas.
EXPULSIONES DE MIGRANTES IRREGULARES
El subsecretario reiteró el compromiso de campaña de expulsar a 330 mil extranjeros en situación irregular durante este período de gobierno y descartó abrir procesos de regularización. Señaló que el gobierno aspira a normalizar las relaciones con Venezuela para contar con más herramientas en esa materia.
“Contaremos con mayores facultades una vez que se aprueben los proyectos de ley que están en el Congreso”, afirmó Pavez. Precisó que la meta es expulsar al mayor número de personas y facilitar salidas voluntarias.
En cifras, informó que desde el 1 de enero hasta el 21 de mayo se han expulsado 780 personas, y desde el 11 de marzo (fecha de inicio del gobierno) hasta igual fecha, van 480 personas expulsadas.
REVISIÓN DE GASTOS Y POSIBLES DENUNCIAS
En otro ámbito, el subsecretario se refirió al proceso de revisión total de gastos iniciado al asumir el actual gobierno. Señaló que un equipo de auditores públicos preparó informes para el Consejo de Auditoría General de Gobierno, los cuales permitieron revisar más de 900 millones de datos mediante inteligencia artificial.
De esa revisión surgieron alertas por un monto de US$9.200 millones, que abarcan el período comprendido entre 2022 y 2026. Pavez detalló que las auditorías apuntan a gastos sin rendición y adquisiciones realizadas mediante compra ágil o trato directo, pese a que, según el Ejecutivo, correspondía realizar licitaciones. En concreto, se detectaron US$3.170 millones ejecutados bajo esas modalidades.
El subsecretario evitó calificar la situación como desfalco o corrupción, pero advirtió que hay elementos que no calzan con la formulación correcta de determinados gastos. Además, señaló que el gobierno previo traspasó US$3.200 millones en deuda, el doble de lo que el gobierno de Sebastián Piñera traspasó a la administración de Boric.
Pavez advirtió que el “desorden” detectado podría derivar en auditorías más profundas de la Contraloría General de la República o incluso derivar en la remisión de antecedentes al Ministerio Público, dependiendo de los resultados de las investigaciones.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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