La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, impulsada por diputados republicanos y libertarios, ha generado un fuerte debate político y tensionado el clima para la tramitación de la megareforma de reconstrucción económica del Presidente José Antonio Kast. El anuncio, encabezado por el diputado Agustín Romero, emplazó a Chile Vamos a sumarse a la iniciativa, pero la respuesta de la coalición oficialista fue de distancia y molestia.
REACCIONES DE CHILE VAMOS
La UDI emitió una declaración señalando que actúan con responsabilidad y autonomía, sin someterse a presiones. «Los tiempos de los eslóganes sobre la ‘derechita cobarde’ se terminaron», afirmaron. En Evópoli, el exministro Ignacio Briones calificó la acusación como «lamentable» y dijo que plantear fraude o dolo es «saltarse varios pueblos». El jefe de bancada de RN, Diego Schalper, emplazó a los republicanos a redactar un libelo «macizo» y sugirió dudas sobre su fundamento jurídico.
POSICIÓN DEL PARTIDO DE LA GENTE
En el PDG se produjo un giro. La diputada Zandra Parisi declaró que una acusación constitucional no permite recuperar los recursos ni subsanar eventuales fallas. La bancada actuaría dividida, pero la línea oficial se alejó de la iniciativa, en parte por la competencia política con el Partido Libertario de Johannes Kaiser.
CLIMA POLÍTICO Y REACCIONES DEL PARTIDO SOCIALISTA
El vicepresidente del Senado, Iván Moreira, y el biministro del Interior, Claudio Alvarado, coincidieron en que la acusación enrarece el clima político. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, pidió no dar señales contrarias al diálogo. El ministro secretario general de la Presidencia, José García, reconoció que la acción «hace mucho ruido».
Los diputados socialistas emitieron una declaración calificando la arremetida de «polémica artificial» y rechazando el uso de la acusación constitucional sin fundamentos. El senador Gastón Saavedra comparó el estilo del ministro Jorge Quiroz con el de Pablo Escobar, y dijo que la presentación «tensiona» el clima para discutir la megareforma. La senadora Daniella Cicardini lo calificó de «chantaje», mientras que el diputado Daniel Manouchehri acusó al gobierno de negociar «desde la extorsión política».
DOS ALMAS EN EL EJECUTIVO
En el Partido Socialista observan señales erráticas entre los llamados al diálogo del biministro Alvarado y la ofensiva republicana. La dualidad se refleja también en los plazos de tramitación: mientras el ministro Quiroz fijó la meta de junio, Alvarado planteó un horizonte más flexible si hay ánimo de conversar. Las concesiones revelan, según el PS, «dos almas» en el Ejecutivo, con un jefe económico renuente a ceder y ministros políticos más abiertos a negociar con el PS, el PPD y la DC.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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