El ministro de Seguridad, Martín Arrau, presentó el Plan Operativo de Seguridad Pública del Ejecutivo ante la comisión parlamentaria especial de la Cámara de Diputados. El plan se organiza en siete ejes prioritarios e incluye 65 tareas, las cuales se dividen en 26 propuestas legislativas y 39 medidas operativas.
Al iniciar su exposición, el secretario de Estado afirmó que asumir la compleja situación del país es el primer paso, y subrayó que este plan operativo es la herramienta para abordarla. Destacó seis proyectos prioritarios: el fortalecimiento de la respuesta policial, la retención migratoria con fines de expulsión, la normativa antiencapuchados, la política de tolerancia cero frente al crimen organizado, la Ley Orgánica de Gendarmería y el Registro Nacional de Vándalos.
PLAZOS DEL PLAN
El diputado Raúl Leiva (PS) preguntó por plazos y metas concretos, a lo que Arrau respondió que el plan sí los contempla. Por ejemplo, uno de los objetivos es intervenir 50 barrios prioritarios al año 2027, comenzando con 20 polígonos operativos en 2026, con presencia policial permanente y recuperación de espacios públicos.
Para 2027 se busca implementar la protección de víctimas y la prevención del reclutamiento, además de reforzar el Programa Lazos en 90 comunas. También está previsto el control fronterizo en dos ámbitos: escaneo de carga en los puertos de San Antonio y Valparaíso, que podría ampliarse a otros, y verificación biométrica de personas en pasos que acumulen al menos la mitad del flujo migratorio, como el paso Chacalluta, que concentra el mayor flujo del país. Arrau añadió que el plan cuenta con los recursos necesarios y plazos definidos, y que aunque las metas pueden perfeccionarse, existen objetivos claros y un trabajo serio detrás.
FUERZAS DE TAREA
El ministro detalló la conformación de siete fuerzas de tarea contra el crimen, ya anticipadas por el Presidente en la Cuenta Pública. Su objetivo es cohesionar las capacidades actualmente fragmentadas entre ministerios, policías, Gendarmería y entes fiscalizadores para combatir amenazas concretas.
Una de las fuerzas se centrará en fronteras y puertos; otra abordará secuestros y sicariato; una tercera se ocupará del ciberdelito; y una cuarta del crimen organizado. Asimismo, se contemplan equipos para mercados ilícitos, finanzas criminales y la Macrozona Sur.
La diputada Tatiana Urrutia (FA) consultó por qué estas fuerzas de tarea no se integran en una sola mesa contra el crimen organizado. Arrau respondió que aunque los delitos están vinculados, las técnicas para enfrentarlos son distintas, por lo que se requiere un enfoque específico para cada amenaza, con el fin de lograr resultados medibles y mejorar la interoperatividad entre las instituciones.
Las fuerzas de tarea operarán a través de documentos oficiales del ministerio, que establecerán plazos y metas. Arrau adelantó que la primera se firmará la próxima semana y que inicialmente tendrán una duración de 90 días, con posibilidad de prórroga.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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