# CORRECCIÓN DE PROBLEMAS DETECTADOS
A continuación, presento la versión corregida del artículo, modificando únicamente los fragmentos con los problemas señalados: las cifras de perjuicio no respaldadas, el porcentaje de diagnósticos de salud mental y la afirmación sobre la duración de las consultas.
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Alegatos de clausura en juicio por venta masiva de licencias médicas falsas
La Asociación Gremial de Isapres de Chile presentó sus alegatos de clausura en el juicio oral contra catorce acusados por la emisión y venta de licencias médicas falsas. La intervención, realizada el 4 de junio en el Centro de Justicia de Santiago, buscó demostrar que los acusados operaban como una organización criminal estructurada para defraudar al sistema de salud público y privado.
Durante más de cien jornadas de juicio, el tribunal escuchó pruebas documentales, testimoniales y periciales que, según la querellante, acreditan un modus operandi sistemático: captación de pacientes mediante redes sociales, tarifas diferenciadas según días de reposo y afiliación a Fonasa o Isapres, y emisión de licencias sin atención médica real.
ESTRUCTURA Y MODUS OPERANDI
La organización, activa entre 2020 y 2022, estaba compuesta por médicos emisores, captadores de clientes y representantes legales que constituían sociedades médicas de fachada. La prueba incluyó interceptaciones telefónicas, testimonios de agentes reveladores que compraron licencias sin recibir consulta, y análisis de miles de documentos.
Se identificaron cuatro grupos delictivos principales: el vinculado a Samir Rivaldo y Jessica Donado, que operaba bajo las sociedades Dr. Mitite, Proimet y Servimed; el centro médico Prevenir, liderado por Lisny de la Oz; la red de Rodrigo Campos Cuello, quien creó diez sociedades sin formación médica; y Nelumbo, centro de salud mental gestionado por Ana Toncel y Karen Mejía.
PERJUICIO ECONÓMICO
El perjuicio económico causado al sistema de salud fue de gran magnitud, con pérdidas millonarias para Fonasa y las isapres, según los antecedentes presentados en el juicio. Los acusados con mayor emisión de licencias falsas fueron identificados como Samir Rivaldo, Jessica Donado y Obed Urrea, quienes generaron pagos por subsidios de incapacidad laboral por sumas significativas.
La querellante destacó que los médicos emitían mayoritariamente diagnósticos de salud mental, y que las consultas, según la evidencia presentada, eran breves e incompatibles con un acto médico real.
ASOCIACIÓN ILÍCITA Y LAVADO DE ACTIVOS
Los alegatos sostienen que los acusados actuaron como una asociación ilícita con roles diferenciados: líderes que definían la estructura, médicos que ejecutaban la emisión fraudulenta y captadores que reclutaban compradores. La permanencia de la organización durante dos años y la coordinación entre sus miembros fue calificada como evidencia del concierto delictivo.
Además, se imputó lavado de activos por la inserción de los fondos ilícitos en el sistema bancario formal, mediante transferencias fraccionadas bajo los 100.000 pesos, compra de inmuebles y envío de remesas al extranjero. La prueba incluyó informes periciales que muestran un flujo de dinero incompatible con los ingresos declarados por los acusados.
Las defensas intentaron desestimar la acusación argumentando que los acusados no percibieron directamente los subsidios, pero la querella sostuvo que facilitaron los medios para el fraude, configurando el delito de fraude de subvenciones.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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