La certeza jurídica es uno de los pilares del derecho penal chileno, pero en la práctica se enfrenta a una tensión creciente entre lo que una sociedad considera moralmente cierto y lo que puede acreditarse conforme a los estándares probatorios. Gonzalo Garay Burnas, abogado, ex juez del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco y actual Notario y Conservador de Nueva Imperial, aborda esta problemática en un análisis que invita a reflexionar sobre los límites del sistema punitivo.
CONVICCIÓN MORAL FRENTE A ACREDITACIÓN LEGAL
Garay plantea que el desafío central del derecho contemporáneo no radica en la insuficiencia de leyes o penas, sino en la dificultad cada vez mayor para diferenciar entre la convicción moral y la acreditación jurídica. Esta distinción, aunque sutil, tiene consecuencias profundas: mientras una sociedad puede estar firmemente convencida de que un hecho ocurrió, el derecho penal liberal y democrático exige hechos acreditados conforme a reglas probatorias rigurosas. El riesgo, advierte el autor, es el desplazamiento progresivo desde la prueba hacia la plausibilidad, un fenómeno que se observa en diversas áreas del derecho penal.
FRONTERAS DIFUSAS ENTRE LO PENAL Y LO CIVIL
El fenómeno descrito por Garay no se restringe a delitos de alta sensibilidad pública. También se manifiesta en materia de estafas, donde la fronte ra entre fraude penal e incumplimiento civil se vuelve peligrosamente difusa. No toda promesa incumplida constituye engaño doloso; a veces media mala fe, pero también improvisación, irresponsabilidad, exceso de optimismo o incompetencia. Sin embargo, el autor observa que el proceso penal tiende a transformarse gradualmente en una herramienta para corregir frustraciones comerciales, malas decisiones económicas o incluso ingenuidades contractuales. Esto plantea la interrogante sobre hasta dónde debe llegar el derecho penal, una pregunta que obliga a enfrentar la imposibilidad de una interpretación completamente neutra.
VISIÓN E INTERPRETACIÓN DEL JUZGADOR
Garay destaca que el juzgador no actúa como un autómata lógico. Al examinar conductas humanas, que raramente son enteramente claras, el derecho no consigue separarse por completo de la subjetividad. Incluso cuando un tribunal afirma valorar racionalmente la prueba, lo que considera racional, suficiente o concluyente depende de un marco previo de comprensión sobre el comportamiento humano, las relaciones sociales, la violencia, la confianza y el rol del castigo. Así, toda decisión jurídica descansa sobre un sustrato ideológico, entendido no en sentido partidista, sino como una concepción acerca del hombre, la libertad, la responsabilidad y el orden social.
El autor advierte que mientras más abiertos y flexibles se vuelven conceptos como razonabilidad, proporcionalidad, perspectiva de género, buena fe o interés superior del niño, mayor espacio adquiere el intérprete. Estas categorías, indispensables para resolver conflictos modernos, poseen una amplitud semántica que permite soluciones muy distintas bajo una misma retórica jurídica. Por ello, muchas sentencias contemporáneas parecen ejercicios de interpretación filosófica sobre cómo debería organizarse la sociedad.
GARANTÍAS PROCESALES COMO BARRERAS CIVILIZATORIAS
Sin embargo, Garay aclara que esto no implica que toda decisión judicial sea arbitraria. Existen límites institucionales que encuadran la actividad jurisdiccional: la prueba, la contradicción, la motivación, el debido proceso y el control recursivo. Tales límites no suprimen la discrecionalidad, pero la contienen. Precisamente por ello, el derecho penal exige cautelas extraordinarias. En otras áreas del derecho, los errores suelen repararse patrimonialmente, pero en materia penal el error destruye libertad, honra y biografía. Principios como la presunción de inocencia y el estándar de prueba más allá de toda duda razonable no son simples tecnicismos defensivos, sino barreras civilizatorias erigidas tras siglos de arbitrariedad.
El problema contemporáneo, según el autor, es que bajo la legítima necesidad de proteger víctimas y ofrecer respuestas sociales eficaces, el sistema comienza silenciosamente a desplazar el eje desde la comprobación estricta hacia narrativas de plausibilidad moral. Cuando esto ocurre, el proceso penal deja gradualmente de reconstruir hechos para validar convicciones, separando la justicia de la mera voluntad de castigar.
Garay concluye que el drama más profundo del derecho moderno no es la existencia de jueces subjetivos, sino la creciente dificultad para reconocer honestamente cuánto de interpretación, intuición y contexto cultural existe detrás de lo que llamamos certeza jurídica.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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