La Contraloría General de la República rechazó este jueves, a través de un oficio, las modificaciones que el Ministerio de Transportes había introducido al reglamento de la Ley Uber. La decisión se fundamenta en que los cambios propuestos, según la Contraloría, eliminan, reducen y modifican las exigencias técnicas mínimas que deben cumplir los vehículos destinados a este servicio.
El conflicto se originó el pasado 4 de abril, cuando el ministro Louis de Grange anunció cinco cambios clave al reglamento que regula la Ley de Aplicaciones de Transporte. En esa ocasión, el secretario de Estado argumentó que las modificaciones buscaban adaptar la normativa a la realidad actual del sistema. En concreto, se planteó eliminar el requisito de una cilindrada mínima de 1.400 centímetros cúbicos, calificado por el ministro como un exceso. También se propuso reducir la antigüedad máxima de operación de los vehículos y flexibilizar la antigüedad mínima requerida para la primera inscripción, homologando estos criterios a los del sector de taxis tradicionales.
DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA
La Contraloría no solo rechazó los cambios, sino que fue especialmente crítica con el proceso seguido. En el oficio, la entidad liderada por Dorothy Pérez señaló que las modificaciones eliminan, modifican y disminuyen exigencias técnicas aplicables a los vehículos destinados a prestar servicios de taxi a la ciudadanía. Entre los aspectos rebajados se encuentran la antigüedad máxima de operación, la antigüedad mínima para la primera inscripción y la cilindrada mínima. El organismo fiscalizador indicó que no constan los fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos que justifiquen estas medidas. Tampoco se acreditan las razones por las cuales los cambios no fueron sometidos a consulta pública, un paso que la Contraloría considera indispensable dada la relevancia de la materia.
IMPACTO EN EL ESTÁNDAR DE SERVICIO
El dictamen va más allá y advierte que las modificaciones rebajan el estándar y la calidad de los servicios que la ciudadanía ya recibe. La Contraloría enfatizó que resulta menester que cualquier decisión que afecte estos estándares mínimos esté debidamente fundada en razones fácticas, técnicas y jurídicas acreditadas. Esto es particularmente relevante cuando la medida impacta directamente en el estándar exigible a otros servicios de transporte regulados por la ley. La falta de justificación, según el organismo, hace que las modificaciones no se encuentren debidamente fundadas, por lo que requieren ser revisadas y justificadas adecuadamente antes de su implementación.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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