La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado sesionó el 17 de junio de 2026 para escuchar a dirigentes de taxis y taxis colectivos en dos puntos clave: las modificaciones al reglamento de la Ley N°21.553, que regula las aplicaciones de transporte remunerado, y la crítica situación que afecta a los taxis colectivos en todo el país. La instancia, transmitida por el canal TV Senado Chile, contó con la participación presencial y remota de diversas asociaciones gremiales.
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE APLICACIONES
El primer punto de la tabla convocó a representantes de taxis básicos, taxis eléctricos y asociaciones independientes. La discusión se centró en el decreto 94 –rechazado por la Contraloría General de la República– que pretendía reducir el estándar de cilindrada para los vehículos que prestan servicios a través de plataformas. Los expositores sostuvieron que el Ministerio de Transportes buscaba nivelar hacia abajo las exigencias de seguridad, en lugar de mantener los criterios que estaban contenidos en el reglamento aprobado por la anterior administración.
Manuel Bernales, del gremio de taxis, cuestionó que el ministro estuviera “cegado” con permitir vehículos pequeños, pese a los accidentes ocurridos. A su juicio, lo que corresponde es aplicar el reglamento ya visado por la Contraloría sin bajar los estándares. En la misma línea, Patricio Artigas, de Taxis Eléctricos de Chile, presentó evidencia técnica sobre la mayor desaceleración y riesgo de fatalidad en los denominados citycar. Según sus datos, estos vehículos absorben un 40 % menos de energía en pruebas de choque y tienen cinco veces más probabilidades de muerte de sus ocupantes en caso de colisión.
Los dirigentes también criticaron que el ministro mencionara la posible pérdida de 200.000 empleos si no se aprobaban los cambios. Señalaron que ese número no está respaldado por cifras oficiales. Citando un estudio de la Universidad Católica, afirmaron que en 2025 existían alrededor de 135.000 conductores en aplicaciones, de los cuales solo un 15 % trabajaba a tiempo completo. En consecuencia, consideraron que el argumento laboral no justifica una reducción de la seguridad.
Carlos Calderón, vicepresidente de la Asociación de Taxistas Independientes de Chile (ATICH), vinculó las propuestas del ministerio con un supuesto conflicto de interés, al haber realizado el ministro un estudio para la Universidad Diego Portales antes de asumir el cargo. Solicitó oficiar a la Contraloría, la Superintendencia de Educación y el Servicio de Impuestos Internos para transparentar los antecedentes.
CRISIS DEL TAXI COLECTIVO
El segundo punto correspondió a la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile (CONATACOCH) y a la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile (CONTTRAMEN). Héctor Sandoval, presidente de CONATACOCH, expuso vía Zoom que la cilindrada ya no es un criterio técnico adecuado, pero insistió en que no se deben eliminar los estándares de seguridad, comodidad y habitabilidad. Propuso que sea el Estado quien defina parámetros modernos, como el footprint o el peso, pero sin precarizar el servicio.
Eduardo Castillo, presidente de CONTTRAMEN, denunció que el decreto 94 también afecta a los taxis colectivos, pese a que el ministro afirmó lo contrario. Reclamó que la ley 21.692, que incluye al taxi colectivo en el sistema de transporte público, no tiene reglamentos operativos ni de modernización. Destacó que el subsidio al transporte mayor y la alta evasión en el sistema Red han debilitado al sector. Además, exigió igualdad de condiciones frente a los buses, incluyendo el acceso a subsidios estatales.
Los representantes de regiones coincidieron en que el taxi colectivo llega a lugares donde otros medios no lo hacen, pero sufren una competencia desigual por parte de las aplicaciones informales. Alejandro Díaz, de la Región del Biobío, pidió que no quede en cuatro paredes la discusión y que se les reconozca como parte integral del transporte público.
POSTURA DE LOS SENADORES
Los senadores presentes valoraron las exposiciones y compartieron varias de las aprensiones. El senador Kusanovic calificó la Ley Uber como “la estupidez más grande” y sostuvo que el problema era mal diagnosticado. Propuso oficiar al Ministerio para que informe sobre el reglamento pendiente de la ley 21.793, que permite la transformación de vehículos de combustión a eléctricos. El senador Van Rysselberghe instó al asesor legislativo del ministerio, Joaquín García, a establecer un contacto directo con los gremios para mejorar el diálogo.
La presidenta de la comisión, senadora, asumió el compromiso de derivar las presentaciones al Ministerio y solicitar respuestas escritas, las que serán reenviadas a cada organización. Asimismo, anunció que se pondrá en tabla el proyecto conocido como “Ley Alberto”, que sanciona a conductores que no se detengan ante controles policiales.
La sesión se levantó con el encargo de mantener las puertas abiertas para futuras audiencias y con la promesa de seguir trabajando en una regulación que equilibre la seguridad, la formalidad y el desarrollo del transporte menor.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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