**Debate por el cobro del CAE: especialistas advierten incertidumbre jurídica**
La controversia en torno al cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) ha generado una ola de consultas y preocupación entre los deudores, especialmente tras las acciones de cobro y embargos ejecutados por la Tesorería General de la República. La discusión, sin embargo, no se centra en la existencia de la deuda, sino en la legalidad del procedimiento empleado para exigir su pago.
Así lo planteó la abogada tributarista Eva Barrientos, exfuncionaria de la Tesorería, en una entrevista realizada en el programa del canal Derecho UACh. La especialista explicó que el núcleo del problema radica en la interpretación de dos cuerpos legales que parecen colisionar: la ley que creó el CAE y el estatuto orgánico de la Tesorería.
Barrientos señaló que la Tesorería está utilizando su procedimiento de cobro ejecutivo, el mismo que aplica para impuestos, retenciones y otros créditos fiscales. Este mecanismo es especialmente expedito, ya que permite notificaciones por correo electrónico, embargos de cuentas bancarias e incluso la retención de pagos de facturas a proveedores. Sin embargo, la duda jurídica es si esta vía es la adecuada para créditos universitarios de carácter civil.
CONFLICTO DE NORMAS Y FALTA DE CLARIDAD
La abogada detalló que la ley del CAE establece que, una vez que el fisco paga al banco y asume el crédito, la Tesorería debe cobrarlo «sometiéndose a las reglas generales del procedimiento aplicables al cobro coactivo ordinario». La redacción ambigua de esta norma ha abierto dos interpretaciones.
Por un lado, los abogados que defienden a los deudores sostienen que esa frase remite al procedimiento ejecutivo civil, que se tramita ante los jueces civiles y otorga mayores garantías y oportunidades de defensa. Por otro lado, la Tesorería argumenta que su estatuto orgánico la faculta para cobrar cualquier crédito fiscal, utilizando su propio procedimiento del Código Tributario.
«Tenemos dos normas que chocan y, cuando la ley no es clara, el juez debe recurrir a herramientas de interpretación. Pero mientras eso no ocurra, la incertidumbre es total», afirmó Barrientos. La experta advirtió que no se puede garantizar un resultado favorable en los tribunales, ya que la discusión es esencialmente jurídica y no de hechos.
RECURSOS DE PROTECCIÓN Y DEFENSAS POSIBLES
Una de las primeras vías que han intentado los afectados son los recursos de protección. Sin embargo, la Corte Suprema ha declarado inadmisibles varios de ellos, argumentando que la disputa no es propia de esa acción cautelar, sino que debe resolverse en un juicio declarativo o ejecutivo. No obstante, existen fallos contradictorios en distintas cortes de apelaciones, lo que aumenta la confusión.
Barrientos mencionó que, además, se han presentado requerimientos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, pero aún no hay una decisión definitiva. «Hasta que no haya un pronunciamiento claro de los tribunales superiores, nadie puede prometer un triunfo seguro», subrayó.
RECOMENDACIONES PARA LOS DEUDORES
Frente a este escenario, la abogada entregó algunas recomendaciones prácticas. Lo primero es verificar en la cartola fiscal de la Tesorería si existe una notificación formal de cobro, distinguiendo entre un simple aviso y el inicio del procedimiento.
Si la persona ya está siendo ejecutada, una opción es celebrar un convenio de pago. Según Barrientos, la Tesorería ha mejorado recientemente sus condiciones, permitiendo cuotas más accesibles según el sueldo. Este convenio suspende inmediatamente las acciones de cobro. Sin embargo, advirtió que si la cuota es muy baja y los intereses siguen corriendo, la deuda puede eternizarse.
Para quienes decidan no pagar y litigar, la abogada recomendó asesorarse con un profesional, pero sin esperar resultados rápidos. El proceso ante los juzgados civiles puede durar más de un año, tiempo durante el cual el embargo ya se habrá consumado.
Finalmente, Barrientos criticó la falta de certeza que ha generado el cambio de discurso oficial, pasando de una promesa de condonación a una ola de cobros masivos. «La gente necesita saber a qué atenerse. No puede ser que un gobierno diga una cosa y el siguiente aplique otra, dejando a miles de personas en la incertidumbre», concluyó.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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