La ofensiva empresarial contra el proyecto de ley que modifica las normas de autocontrol en materia de pesaje de camiones sigue sumando voces. Esta vez, dos sectores clave de las exportaciones chilenas, fruta y madera, se acoplaron a las críticas que hasta ahora habían manifestado el sector portuario, los operadores logísticos y el comercio. La iniciativa se encuentra en segundo trámite en el Senado, tras las indicaciones que el Gobierno ingresó el 10 de junio.
CRÍTICAS DEL SECTOR FRUTERO
El presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, señaló que la fruta chilena compite al más alto nivel en los mercados internacionales y necesita una cadena logística eficiente y ágil. Advirtió que el tiempo es un factor crítico, ya que cualquier demora puede afectar la condición de llegada a los mercados de destino y la competitividad de las exportaciones. Si bien indicó entender la importancia de resguardar la infraestructura vial y contar con adecuados mecanismos de fiscalización y control, su preocupación es que la iniciativa termine generando mayores tiempos de espera, rutas más extensas y mayores costos operacionales para la cadena exportadora. Subrayó que no existe margen para absorber nuevas cargas operacionales en un contexto de tensiones geopolíticas y mayores costos logísticos. No obstante, dijo estar disponible para colaborar en una solución que compatibilice el control vial con la competitividad exportadora.
POSTURA DEL SECTOR FORESTAL
El presidente del departamento de Logística de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), Gonzalo Pelén, afirmó que el gremio comparte plenamente el objetivo de resguardar la infraestructura vial y evitar la circulación de camiones con sobrepeso por eje. Pero agregó que este proyecto no aporta a mejorar la logística ni la eficiencia de la cadena de transporte, pues implica traspasar a privados funciones que corresponden al Estado, generando nuevos costos, responsabilidades operativas y legales que hoy no les competen. También sostuvo que la iniciativa deja abiertas múltiples interrogantes respecto de su implementación, fiscalización y los procedimientos que deberán seguir las empresas frente a eventuales incumplimientos. Por ello, planteó que antes de avanzar es clave contar con reglas claras, mecanismos bien definidos y una adecuada evaluación de sus impactos sobre la competitividad y el funcionamiento de la cadena logística nacional.
RESPUESTA DEL GOBIERNO
El subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, dijo a Emol que la preocupación de los empresarios es legítima y afirmó que hay total disposición para acoger propuestas. Indicó que la idea es que la ley funcione adecuadamente en la práctica y que entregue resultados concretos para el país.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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