La administración del Presidente José Antonio Kast lanzó una ofensiva contra la gestión de Gabriel Boric, centrada en la proyección de la deuda pública y la apertura de auditorías fiscales. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, acusó a su antecesor Nicolás Grau de un error en el cálculo de la deuda para el período 2026-2030, por un monto superior a los 10 mil millones de dólares. Desde La Moneda reconocen que la arremetida fue planificada para generar el ambiente previo a la primera cuenta pública de Kast, programada para el 1 de junio.
ACUSACIÓN DE QUIROZ Y RESPUESTA DE GRAU
El exministro Grau rompió el silencio que se había impuesto tras dejar el cargo y salió a defender su gestión. En entrevistas y redes sociales, afirmó que la proyección de deuda es consistente y no contiene errores de cálculo, e invitó al ministro Quiroz a recibir a los equipos técnicos de la Dirección de Presupuesto de la administración anterior. Además, Grau contactó a parlamentarios de distintos sectores para aclarar dudas sobre la controversia.
El exministro de Hacienda de Boric, Mario Marcel, también se pronunció. Aunque señaló que el supuesto error no corresponde a su período, recalcó la importancia de revisar la información antes de proyectar impactos sobre los bolsillos de las familias.
La bancada del Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario anunciaron una acusación constitucional contra el exministro, intensificando el enfrentamiento entre el oficialismo y las exautoridades de Boric. Desde el entorno de Grau indicaron que su respuesta no fue coordinada con otros exministros, sino con su equipo en Hacienda.
AUDITORÍAS FISCALES Y OFENSIVA COORDINADA
Ese mismo lunes, el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal anunció indagatorias en cuatro organismos por alertas sobre el uso de 9.200 millones de dólares durante el gobierno de Boric. La ofensiva se coordinó con los partidos del sector, que salieron a cuestionar a las exautoridades. Sin embargo, en la administración anterior acusaron que estas medidas responden solo a la preparación de la cuenta pública de Kast.
La exministra de la Mujer Antonia Orellana cuestionó la investigación sobre Prodemu, calificándola de desinformación planificada y señalando que los procesos de auditoría ya estaban en curso.
DECLARACIONES DE VALLEJO, ELIZALDE Y TOHÁ
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, generó polémica al afirmar que la Política Nacional de Seguridad Pública vigente es la promulgada por el expresidente Boric, lo que consideró suficiente para enfrentar la crisis heredada. Ante esto, la exvocera Camila Vallejo respondió públicamente, señalando que el gobierno de Kast finalmente reconoce que carece de un plan propio y se apropia del legado anterior.
El exministro del Interior Álvaro Elizalde sostuvo que Kast hizo campaña con la seguridad como eje, pero que ahora queda en evidencia su falta de preparación. Carolina Tohá, también exministra del Interior, explicó que la política de seguridad es del Estado y tiene una vigencia de seis años, pero que el gobierno debe presentar un plan bienal concreto, paso que aún está pendiente.
Otras exautoridades como Adriana Delpiano y Maisa Rojas también se sumaron a las críticas, cuestionando la gestión del actual gobierno en seguridad y medio ambiente, respectivamente.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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