El ministro de Justicia, Fernando Rabat, salió al paso de las críticas que ha generado el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, iniciativa emblemática del gobierno de José Antonio Kast. En entrevista con radio Universo, Rabat defendió la constitucionalidad de la medida y descartó que se trate de un instrumento con sesgo de clase, en un momento en que el texto recién ingresa al Congreso y ya enfrenta reparos de expertos.
El secretario de Estado afirmó que la propuesta busca enfrentar un problema real de alta comisión de hechos ilícitos, tanto penales como aquellos que no alcanzan esa calificación. Según Rabat, la respuesta estatal debe ser integral e incluir sanciones penales, administrativas y medidas preventivas. La iniciativa fue anunciada por el Presidente en su cuenta pública y fue ingresada este lunes al Parlamento.
DEFENSA DEL GOBIERNO
Rabat sostuvo que el registro no debe ser analizado desde una perspectiva que lo vincule con un sesgo de clase, porque ese no es su objeto. Explicó que el proyecto establece un doble esquema: para los delitos existe la pena que corresponda según el Código Penal, a la que se pueden agregar penas accesorias. Por otro lado, para las incivilidades, que no son delitos propiamente tales, se aplicaría una sanción que implica la suspensión de ciertos derechos.
El ministro aclaró que la iniciativa no priva a las personas de derechos sociales ni de derechos que ya posean, sino que establece requisitos para optar a determinados derechos. Mientras una persona permanezca inscrita en el registro, esos derechos quedarán suspendidos, pero no se trata de una pérdida definitiva. Rabat calificó la medida como una herramienta efectiva para sancionar a quienes cometen esos hechos ilícitos.
CUESTIONAMIENTOS DE EXPERTOS
A pesar de los argumentos del gobierno, el proyecto ha sido cuestionado por juristas que advierten posibles inconstitucionalidades. Estos reparos resultan relevantes porque, una vez que se tramite en el Congreso, el texto deberá ser revisado por el Tribunal Constitucional antes de su promulgación. No obstante, el debate jurídico se anticipa intenso, especialmente en lo relativo a la naturaleza de las incivilidades y la posibilidad de suspender derechos sin que medie una condena penal firme.
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO
De acuerdo con lo explicado por Rabat, el registro se aplicará tanto a delitos como a incivilidades. Para los primeros, la sanción penal principal se mantiene, y el registro operaría como una pena accesoria. Para las incivilidades, que son conductas que la ley no tipifica como delito, se aplicará una sanción administrativa que suspende ciertos derechos.
El ministro insistió en que la medida no es punitiva en sentido estricto para las incivilidades, sino que establece condiciones para ejercer derechos. Esta distinción es clave en la argumentación del gobierno para defender la constitucionalidad del proyecto, pues sostiene que no se trata de una pena privativa sino de una limitación condicionada.
IMPACTO EN EL DEBATE LEGISLATIVO
El ingreso del proyecto al Congreso marca el inicio de una tramitación que se prevé compleja. El proyecto deberá sortear el control del Tribunal Constitucional antes de su promulgación.
Rabat llamó a mirar la iniciativa con una doble perspectiva: por un lado, la sanción penal para delitos; por otro, una respuesta administrativa para conductas que generan inseguridad y afectan la convivencia. El ministro reiteró que lo que se pretende entregar es una herramienta efectiva que contempla una sanción importante para quienes cometen esos hechos ilícitos.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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