La ministra de Educación, María Paz Arzola, ha puesto en marcha una reforma al Sistema de Admisión Escolar (SAE) que busca reintroducir la selección por parte de los colegios, en un giro que reabre el debate sobre el modelo educativo instalado durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. A casi cuatro meses de asumir, Arzola defiende la iniciativa como una corrección de las «debilidades» del actual sistema, que califica de excesivamente rígido y dependiente del azar. La propuesta, ingresada al Congreso esta semana, llega en paralelo a la controversia generada por el fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales artículos clave del proyecto Escuelas Protegidas, como la revisión de mochilas sin orden fiscal y la pérdida de beneficios estudiantiles.
EL PROYECTO DE REFORMA AL SAE
La modificación legislativa presentada por el Ministerio de Educación apunta a lo que la secretaria de Estado denomina «elección mutua». Bajo esta lógica, los establecimientos con sobredemanda podrán, de forma voluntaria, aplicar criterios propios para priorizar entre los postulantes, incluyendo el mérito académico o la adhesión al proyecto educativo. La ministra sostiene que el sistema actual, creado hace una década en un contexto de «alta desconfianza hacia los colegios», ha llevado a que cuatro de cada cinco postulantes a colegios con más demanda que cupos sean asignados por sorteo, un mecanismo que califica de «injusto».
Arzola explica que el 80% de los postulantes a establecimientos sobredemandados no cumple con los criterios de prioridad vigentes, lo que deja la asignación al azar como regla general. Frente a esto, la propuesta busca dar cabida a «otros criterios legítimos», como el mérito académico, y permitir que los colegios verifiquen el compromiso de las familias con su proyecto educativo. La medida, sin embargo, ha generado inquietud entre especialistas que advierten sobre el riesgo de discriminación arbitraria, algo que la ministra asegura que se mitigará con resguardos específicos.
CRÍTICAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
El debut legislativo de Arzola estuvo marcado por la aprobación del proyecto Escuelas Protegidas, una respuesta al asesinato de una directora en Calama. Sin embargo, el triunfo inicial se empañó cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales varias normas clave, entre ellas la revisión de mochilas por parte de policías sin orden judicial y la suspensión de beneficios como la gratuidad para estudiantes involucrados en hechos de violencia. La ministra afirmó que esperan los fundamentos del fallo para buscar alternativas que permitan subsanar la objeción, destacando que en algunos establecimientos la revisión de mochilas ya se realiza «de facto».
La resolución del TC añade presión sobre la agenda educativa del gobierno, que enfrenta el desafío de equilibrar la seguridad escolar con las garantías constitucionales. Arzola evitó calificar el fallo como un revés, insistiendo en que el proyecto original contiene «otras disposiciones importantes» que siguen vigentes y que el ejecutivo buscará caminos para recuperar las medidas caídas.
RESPUESTA A LAS ACUSACIONES DE CONTRARREFORMA
La iniciativa de reforma al SAE ha sido interpretada por sectores políticos como un intento de desmantelar las reformas educacionales de Bachelet. La ministra rechazó categóricamente esa lectura. «No queremos hacer una contrarreforma como un objetivo en sí mismo», declaró, argumentando que el proyecto busca mejorar el sistema existente sobre la base de la experiencia acumulada. Arzola insistió en que no se elimina el sistema de admisión creado por la Ley de Inclusión, sino que se le introducen cambios para hacerlo «más flexible y contextualizado».
La secretaria de Estado abordó también las críticas sobre la falta de oferta de calidad, señalando que el gobierno trabaja en paralelo en un proyecto de ley que busca dinamizar la creación de nuevos colegios y cupos de calidad. A su juicio, los problemas de admisión y de oferta son complementarios y requieren soluciones simultáneas. Además, mencionó el apoyo a los liceos bicentenarios y la reducción de la sobrecarga administrativa como parte de la estrategia para mejorar los aprendizajes.
RESGUARDOS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
Para evitar que la reintroducción de la selección derive en prácticas arbitrarias, el proyecto contempla dos cuotas obligatorias para los colegios que adopten la «elección mutua»: un 20% de estudiantes prioritarios según la subvención escolar preferencial y un 10% de alumnos con necesidades educativas especiales permanentes. Además, los establecimientos deberán presentar una declaración jurada de que el proceso no será discriminatorio, la cual deberá ser autorizada y fiscalizada por el Ministerio de Educación.
Arzola reconoció que la confianza en los colegios está dañada, pero afirmó que la solución no pasa por mantener un sistema que excluye completamente a los establecimientos de la admisión. «Hoy hay un diagnóstico que tiene que ver con la sobrecarga administrativa sobre los equipos directivos, fruto de la desconfianza», señaló. La ministra sostuvo que el exceso de regulación ha terminado por sustituir el criterio de los directores, y que devolverles espacios de decisión es fundamental para que puedan cumplir su rol pedagógico.
MIRADA AL FUTURO
La reforma al SAE se tramitará en paralelo con otros proyectos que buscan mejorar la oferta educativa y la gestión escolar. Arzola descartó que se intente volver al sistema previo a la Ley de Inclusión, pero dejó abierta la posibilidad de que algunos colegios puedan asignar el 100% de sus vacantes mediante la «elección mutua». La ministra concluyó que el objetivo es «restablecer la confianza hacia el rol de los colegios», aunque advirtió que ese proceso no será inmediato.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
