SENADO SE PRONUNCIA SOBRE PROYECTO QUE BUSCA HACER COMPATIBLE SEGURIDAD Y ACCESO FINANCIERO
Un proyecto de ley que modifica la Ley N° 20.009 -Régimen de Limitación de Responsabilidad para Titulares de Tarjetas de Pago y Transacciones Electrónicas- fue analizado esta jornada en el Senado, con el objetivo de incorporar expresamente criterios de accesibilidad e inclusión financiera durante los procesos de autenticación reforzada de usuarios. La iniciativa, presentada por los Honorables Senadores señora Gatica y señores Kuschel, Saavedra y Walker, busca responder a una preocupación concreta: que la creciente digitalización de los mecanismos de seguridad no termine por excluir del sistema a quienes viven en zonas rurales o aisladas, a las personas mayores, a usuarios con discapacidad o a quienes carecen de dispositivos compatibles o alfabetización digital.
LOS ANTECEDENTES DE LA NORMA
La Ley N°20.009 establece un marco de protección para los titulares de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude, con el fin de resguardar la seguridad de las operaciones y fortalecer la confianza en el sistema financiero. Con posterioridad, la Ley N°21.673 encargó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) fijar, mediante norma de carácter general, los estándares mínimos de seguridad, registro y autenticación, así como los casos en que la autenticación reforzada de clientes se convierte en obligatoria.
En cumplimiento de ese mandato, la CMF dictó la Norma de Carácter General N°538, con fecha 17 de junio de 2025, regulando las medidas de seguridad y autenticación para operaciones sometidas a la Ley N°20.009. Dicha normativa estableció estándares mínimos para emisores de medios de pago y prestadores de servicios financieros, y determinó los supuestos de uso y transacciones en que los emisores deben implementar autenticación reforzada, especialmente en transferencias electrónicas de fondos y procesos de incorporación o modificación de antecedentes en plataformas digitales.
LA BRECHA DETECTADA
La autenticación reforzada -que se materializa en aplicaciones móviles, dispositivos inteligentes, claves dinámicas, mensajes de validación o conexión a internet- cumple una finalidad preventiva indiscutible: evita fraudes, mitiga la suplantación de identidad y entrega mayor seguridad a las transacciones. Sin embargo, en la práctica su implementación evidenció un problema. En sectores rurales, aislados o con conectividad deficiente, la obligación de validar operaciones a través de canales digitales puede transformarse en una barrera real para acceder a servicios financieros básicos.
El mismo patrón se repite respecto de personas mayores, usuarios con discapacidad, personas con menor alfabetización digital o quienes no disponen de dispositivos compatibles. El problema, advierten los legisladores, no radica en exigir mayor seguridad, sino en que dicha seguridad se diseñe bajo el supuesto de que todos los usuarios tienen las mismas condiciones materiales y tecnológicas para cumplirla. La propia CMF debió -con posterioridad a la dictación de la NCG N°538- introducir ajustes y revisar su implementación ante las dificultades enfrentadas por ciertos grupos de clientes.
EL CONTEXTO SOCIAL Y TERRITORIAL
Los medios de pago y las transacciones electrónicas no son hoy un servicio accesorio en Chile. A través de ellos se reciben remuneraciones, pensiones, subsidios y beneficios sociales; se pagan cuentas; se realizan transferencias familiares; se adquieren bienes esenciales y se participa en la economía formal. Por lo mismo, cuando un mecanismo de autenticación impide o dificulta de manera desproporcionada que ciertos usuarios accedan a sus propios recursos, el problema deja de ser meramente tecnológico y se transforma en un asunto de inclusión financiera, accesibilidad y equidad territorial.
La iniciativa presentada busca enviar una señal clara al sistema financiero: la seguridad es indispensable, pero debe operar de forma compatible con la continuidad del servicio y con el acceso efectivo de todos los usuarios. No se trata de eliminar la autenticación reforzada ni de rebajar los estándares de seguridad, sino de permitir que su diseño considere criterios de accesibilidad, especialmente para quienes viven en zonas rurales o aisladas, para personas mayores, para personas con discapacidad y para quienes enfrentan dificultades de conectividad para el uso de determinados canales digitales.
TEXTO DEL PROYECTO
El proyecto de ley introduce un nuevo inciso en el artículo 4 de la Ley N°20.009, a continuación de su inciso décimo. La norma propuesta establece que la autenticación reforzada podrá contemplar modalidades que permitan compatibilizar la seguridad de las operaciones con el acceso efectivo a los medios de pago y transacciones electrónicas regulados por esta ley. Para estos efectos, se procurará la consideración de criterios de accesibilidad, continuidad e inclusión financiera de los usuarios, con especial atención a personas mayores, personas con discapacidad, habitantes de zonas rurales o aisladas y usuarios que enfrenten dificultades de conectividad para el uso de determinados canales digitales.
La discusión legislativa deberá ahora resolver si es necesario profundizar en la redacción o si se requiere precisar el alcance de la expresión «procurará», así como los mecanismos de verificación y cumplimiento por parte de la CMF.
Rol: Boletín N° 18.441-03, Senado de la República.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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