El Instituto de Previsión Social (IPS) advirtió que, si el traspaso del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) desde las AFP al nuevo Seguro Social se realiza según lo solicitado por las administradoras, necesitarían al menos un año adicional de preparación. La advertencia fue planteada ante la Comisión de Hacienda del Senado, donde el IPS expuso los dos escenarios posibles para la gestión del SIS, dependiendo de lo que resuelva el Congreso.
La reforma al sistema de pensiones, publicada en marzo de 2025, dejó pendiente un proyecto de ley para regular los ajustes necesarios para el traspaso pleno del SIS. Este seguro, que financia la cotización del empleador y que hoy alcanza un 1,62% de la renta imponible, pasará a ser administrado por el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) a partir de agosto de 2025.
El debate se reactivó en la comisión de Hacienda, donde las AFP sostienen que el proyecto actual no implica un traspaso pleno y que ellas seguirían con funciones operativas. Por su parte, el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, señaló que el proyecto no separa el proceso de calificación de invalidez de las AFP, ya que estas atienden a un universo mayor de afiliados.
ESCENARIO A VERSUS ESCENARIO B
El jefe de la división jurídica del IPS, Marcelo Díaz, subrogante del director, expuso los dos escenarios. El primero, alineado con la Superintendencia de Pensiones, es de menor intensidad. En este, el IPS se encarga de recaudar, registrar, informar y orientar, funciones vinculadas a su labor central. Díaz indicó que este escenario requeriría una preparación de tres a cuatro meses y podría implementarse en agosto de 2026.
El segundo escenario, más cercano a lo propuesto por las AFP, implica una mayor carga. En este caso, el IPS administraría operacionalmente el seguro, determinaría cobertura, calcularía y pagaría prestaciones con los fondos del FAPP, además de gestionar expedientes y reclamos. Para esto, el IPS necesitaría unos 15 meses de preparación, con una posible implementación en agosto de 2027.
IMPACTOS SOBRE EL IPS
En el escenario A, el IPS enfrentaría desafíos en el manejo de información crítica y la interoperabilidad con organismos como las AFP, la Superintendencia de Pensiones y la Tesorería. También aumentaría la presión sobre la red de ChileAtiende, con un eventual riesgo reputacional indirecto por reclamos de la ciudadanía.
En el escenario B, el impacto sería mayor. El IPS debería internalizar un nuevo macroproceso asociado a invalidez y sobrevivencia, lo que requiere especialización en el Decreto Ley 3.500, una expertise que su personal actual no posee. Además, implicaría reforzar equipos, gestionar datos históricos de múltiples fuentes y transformar las 202 sucursales de ChileAtiende en el canal principal de atención. Los riesgos incluyen errores de cobertura, cálculo, demoras y posible judicialización.
Díaz enfatizó que el IPS está dispuesto a asumir cualquiera de los dos escenarios, pero advirtió que cada uno requiere acciones y gradualidad distintas para garantizar una implementación exitosa.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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