El proceso de traspaso del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) desde las AFP hacia el nuevo Seguro Social contemplado en la reforma de pensiones de marzo de 2025 enfrenta diferencias entre los actores involucrados. El Instituto de Previsión Social (IPS) advirtió que, dependiendo del modelo que se adopte, los plazos de implementación podrían extenderse hasta agosto de 2027.
Un proyecto de ley ingresado al Congreso en junio de 2025 busca regular los ajustes operativos para que el SIS pase a ser gestionado por el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP). Sin embargo, las AFP sostienen que la iniciativa no asegura un traspaso completo, pues ellas mantendrían funciones operativas. En contraste, la Superintendencia de Pensiones señaló que el proceso de calificación de invalidez no puede separarse de las atribuciones de las AFP.
Ante este escenario, el IPS expuso ante la Comisión de Hacienda del Senado dos alternativas posibles.
ESCENARIO DE MENOR INTENSIDAD
El primero, alineado con la posición de la Superintendencia, implica que el IPS recaude, registre, informe y dé trazabilidad a las cotizaciones, sin administrar directamente el seguro. Marcelo Esteban Díaz Lisboa, jefe subrogante de la división jurídica del IPS, indicó que este modelo requeriría entre tres y cuatro meses de preparación y podría estar operativo en agosto de 2026.
Este esquema supone manejo de información crítica, interoperabilidad con las AFP, el FAPP y otras entidades, y un posible riesgo reputacional indirecto si la ciudadanía reclama al IPS por decisiones de terceros.
ESCENARIO DE MAYOR COMPLEJIDAD
El segundo escenario, más cercano a lo solicitado por las AFP, implica que el IPS administre operacionalmente el SIS: determine cobertura, calcule y pague prestaciones con recursos del FAPP, gestione expedientes y atienda reclamos. Díaz advirtió que este modelo demandaría aproximadamente 15 meses de implementación, con una entrada en funcionamiento recién en agosto de 2027.
Este esquema instalaría un nuevo macroproceso en el IPS, requeriría especialización en la normativa del DL 3.500, refuerzo de equipos con expertise en cálculo previsional y transformaría las 202 sucursales de ChileAtiende en el canal principal para solicitudes y consultas. Los riesgos incluyen errores de cobertura, demoras y posible judicialización.
Díaz enfatizó que el IPS está dispuesto a asumir cualquiera de los dos escenarios, pero subrayó que cada uno exige una gradualidad distinta para garantizar una implementación exitosa en tiempo y forma.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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