Cecilia Pérez, exministra secretaria general de Gobierno y actual presidenta de Azul Azul, sostuvo que la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau responde más a una lógica política que a una efectiva infracción normativa, y advirtió que este tipo de procedimientos terminan por desgastar la institucionalidad y alejar a la ciudadanía del Congreso.
En declaraciones a Radio Infinita, Pérez analizó el escenario que enfrenta el libelo acusatorio en el Parlamento. Estimó que la votación estará muy ajustada en la Cámara de Diputados, pero que en el Senado la iniciativa difícilmente prosperará. La exautoridad criticó el uso que, a su juicio, se le ha dado a esta herramienta constitucional en los últimos años, más allá del color político del gobierno de turno.
CRÍTICA A LA INSTRUMENTALIZACIÓN
Pérez afirmó que la acusación constitucional ha dejado de ser un mecanismo para sancionar vulneraciones concretas a la Constitución o a la ley, y se ha transformado en un juicio político movido por conveniencias coyunturales. Señaló que el único resultado tangible de estos procesos es generar mayor desafección ciudadana respecto del Parlamento, al instalarse una dinámica de confrontación permanente.
La presidenta de Azul Azul comparó el ambiente que se genera con una temporada de caza, donde los distintos sectores buscan ir unos contra otros sin importar el resultado final del libelo. Recordó que, durante el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric, la mayoría de estas acusaciones han sido finalmente rechazadas, pero el daño al clima político ya está hecho.
En particular, mencionó que este tipo de procesos enturbia el tratamiento de reformas relevantes, como la megarreforma que impulsa el Presidente Kast. Sostuvo que la sola presentación de una acusación constitucional paraliza los acuerdos legislativos y bloquea la tramitación de proyectos de ley, porque los ministros y ministras quedan expuestos a un ambiente de incertidumbre.
LLAMADO AL DISCERNIMIENTO INDIVIDUAL
Pérez hizo un llamado directo a los parlamentarios, especialmente a los de su propio partido, para que evalúen el mérito de la acusación más allá de las instrucciones de bloque. Planteó que no deberían existir votaciones mayoritarias automáticas en un asunto tan grave como la muerte cívica que implica una condena de este tipo.
Insistió en que debe primar el discernimiento personal de cada diputado o senador, estudiando a fondo el libelo y decidiendo si realmente existe una infracción constitucional o legal que justifique la sanción. La exministra reconoció que es más fácil decirlo cuando se tiene mayoría, pero igualmente pidió que prime el sentido común.
CUESTIONAMIENTO A LA OPORTUNIDAD
Pérez también puso en duda la oportunidad de la acusación, al señalar que si realmente existiera una vulneración constitucional, habría que preguntarse si el único responsable es Nicolás Grau, quien estuvo pocos meses en el ministerio. Mencionó que el ministro Mario Marcel y la directora de Presupuestos de la época, Javiera Martínez, calificada por Marcel como la mejor directora de presupuestos de la historia de Chile, también tendrían responsabilidad.
Agregó que la focalización en Grau responde a un tecnicismo, porque la acusación se presentó cuando él estaba a tres días de dejar de ser acusable constitucionalmente. Esto, a su juicio, refuerza el carácter instrumental del libelo.
Pérez fue categórica al señalar que hace mucho tiempo no es partidaria de las acusaciones constitucionales y que las prefiere reemplazar por interpelaciones. Calificó las acusaciones actuales como meras pataletas políticas que desprestigian profundamente al Parlamento.
Finalmente, no descartó que este caso pueda abrir la puerta a nuevas acusaciones contra ministros en ejercicio, lo que generaría más inestabilidad en el Ejecutivo y dificultaría la agenda legislativa.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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