La bancada de diputados de Renovación Nacional solicitó a la Contraloría General de la República que instruya una investigación y un eventual sumario administrativo en la Policía de Investigaciones, luego de que la institución no entregara información detallada al Congreso tras un oficio cursado en 2025 que alertaba sobre el ingreso irregular de menores extranjeros al país bajo la figura de reunificación familiar.
La acción fue impulsada por la vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ximena Ossandón, junto al subjefe de la bancada RN, Eduardo Durán. Ambos parlamentarios buscan que se esclarezca por qué la PDI no proporcionó antecedentes específicos al ser requerida formalmente sobre esta situación, la que consideran una debilidad inaceptable del sistema migratorio chileno.
CONTEXTO DE LA SOLICITUD
El origen de la controversia se remonta al 7 de abril de 2025, fecha en que la diputada Ossandón envió un oficio a las autoridades competentes solicitando antecedentes respecto del ingreso a Chile, desde el 1 de enero de 2024, de niños y adolescentes de nacionalidades haitiana, venezolana y colombiana. En concreto, el documento requería conocer el número de menores que ingresaron, los vuelos utilizados y las causales migratorias invocadas para autorizar su entrada al país.
La solicitud respondía a una preocupación manifestada por funcionarios vinculados al aeropuerto, quienes habrían alertado sobre el ingreso de numerosos niños solos al territorio nacional, sin que se tuviera claridad sobre su destino ni las condiciones de su recepción.
RESPUESTA DE LA PDI
Según un comunicado difundido por los parlamentarios RN, la respuesta remitida por la PDI en agosto de 2025 no entregó antecedentes específicos que permitieran determinar la magnitud del fenómeno ni el destino de los menores que ingresaron al país. El documento se habría limitado a referencias generales sobre los mecanismos migratorios utilizados.
De acuerdo con los diputados, la respuesta de la PDI daba cuenta de que el registro de ingreso que lleva la institución por mandato legal no permite clasificar en subcategorías migratorias, como lo es el ingreso por reunificación familiar, y que solo registró los ingresos con residencia temporal. La bancada califica este fenómeno como una debilidad inaceptable de nuestro sistema.
ACCIÓN ANTE CONTRALORÍA
Ante esta situación, la diputada Ossandón explicó que la solicitud al ente contralor busca aclarar por qué la información requerida no fue proporcionada oportunamente y por qué se mantiene aún lo que describen como una evidente irregularidad en el registro de quienes ingresan al país por reunificación familiar.
“Nosotros en abril del año pasado, tras una reunión donde surgió la preocupación de funcionarios vinculados al aeropuerto, tomamos conocimiento de que estaban ingresando numerosos niños solos al país. Por eso oficiamos a la PDI y al poco tiempo obtuvimos una respuesta absolutamente inocua, que en la práctica no aclaraba nada y que solo se escudaba en que se trataba de procesos de reunificación familiar”, indicó la parlamentaria.
“Por eso hoy le pedimos a la Contraloría que realice una auditoría y determine por qué se respondió de esa manera cuando, aparentemente, la institución sí manejaba antecedentes sobre lo que estaba ocurriendo”, agregó.
ARGUMENTOS DE LOS PARLAMENTARIOS
Por su parte, el diputado Eduardo Durán sostuvo que lo que está en cuestión no es solo el ingreso de cientos de menores extranjeros al país, sino también la capacidad del Estado para fiscalizar adecuadamente estos procesos. “Si el Congreso solicitó información específica y esta no fue entregada de forma completa, corresponde determinar si existieron omisiones, negligencias o decisiones administrativas que hoy deben ser esclarecidas”, señaló.
Desde RN enfatizaron que el objetivo del oficio a Contraloría es determinar eventuales responsabilidades administrativas y asegurar que todas las instituciones involucradas entreguen información completa y transparente respecto de esta situación. Asimismo, relevaron que el interés central es conocer con precisión cuántos menores ingresaron al país bajo esta modalidad, quiénes fueron los responsables de su recepción y cuál ha sido el seguimiento realizado por las autoridades competentes para garantizar su protección y resguardo.
La solicitud de sumario administrativo se enmarca en la facultad de la Contraloría General de la República para fiscalizar la legalidad de los actos de la administración pública, en este caso la actuación de la PDI frente a un requerimiento formal del Congreso Nacional.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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