La Contraloría General de la República determinó que la resolución que permitió la inscripción de casi 10 mil pescadores en el registro artesanal no se ajustó a derecho, mientras un informe interno del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura revela que solo 310 de ellos registran actividad pesquera efectiva. El dictamen, conocido la semana pasada, ha generado malestar en el sector artesanal, que acusa que el oficio es utilizado por la industria para evitar la cesión de cuotas de pesca.
CONTRALORÍA DETECTA ILEGALIDAD EN PROCESO DE INSCRIPCIÓN
El jueves de la semana pasada se conoció la resolución de la Contraloría que declaró ilegal la resolución exenta N° 2.563 de 2025 de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Según el organismo fiscalizador, el aumento de la fracción artesanal de la cuota global de captura, vinculado a la Ley de Fraccionamiento Pesquero N° 21.752, debió someterse a consulta ante el consejo zonal y el comité de manejo respectivo, proceso que no se cumplió.
El oficio señala textualmente que “no se ajustó a derecho la dictación de la resolución exenta N° 2.563, de 2025, de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, en los términos ya expuestos, por lo que, dicha entidad deberá regularizar la situación observada”.
El subsecretario de Subpesca, Osvaldo Urrutia, apuntó a la administración anterior como responsable. “Como subsecretaría vamos a cumplir y adoptar todas las medidas instruidas por la Contraloría, asumiendo que se trata de una ilegalidad cometida por la administración anterior”, sostuvo.
CRECIENTE DISPARIDAD ENTRE INSCRITOS Y PESCADORES ACTIVOS
Pulso tuvo acceso a un informe interno de Sernapesca expuesto este martes en el Consejo Nacional de Pesca. El documento revela que entre noviembre de 2025 y mayo de 2026 se inscribieron en total 9.944 pescadores en el registro pesquero artesanal, conocido como RPA. De ese universo, solo 310 registran actividad pesquera efectiva, lo que equivale a un 97% de los inscritos sin operación reportada durante ese período.
Al desglosar por recurso, la situación es igualmente crítica. Para el jurel se inscribieron 5.688 pescadores, pero solo 264 reportaron capturas; en la jibia, de 3.260 inscritos, apenas 40 registraron actividad; en la reineta, 177 inscritos y solo 6 con operación; y en el caso de la merluza, 819 pescadores figuran en el registro, pero ninguno aparece como operativo.
INTERPRETACIONES DIFERIDAS Y SOLICITUD DE ACLARACIÓN
Ante el dictamen de la Contraloría, Subpesca planea solicitar una aclaración del oficio, según una fuente cercana al proceso. La petición se ingresaría entre este miércoles o jueves con el objetivo de determinar con mayor claridad los pasos a seguir.
Existen dos lecturas del oficio. La primera interpretación sugiere que el proceso debe ser retrotraído, lo que implicaría dejar sin efecto el registro de los casi 10 mil pescadores artesanales. La segunda alternativa plantea que, si se pasa por los comités científico-técnicos correspondientes, el proceso podría avanzar sin mayores inconvenientes.
En el primer escenario, Subpesca debería declarar nulo el registro y luego buscar una fórmula de solución. La incertidumbre ha generado preocupación entre los pescadores artesanales, quienes consideran que el oficio beneficia a la industria al no ceder cuotas de pesca.
REPERCUSIONES EN EL SECTOR ARTESANAL
El sector artesanal ha manifestado su molestia, acusando que el oficio de la Contraloría es utilizado por la industria pesquera para no ceder cuotas. La Ley de Fraccionamiento Pesquero N° 21.752 establece mecanismos de distribución de capturas, pero la falta de consulta a los consejos zonales y comités de manejo ha generado este conflicto.
El subsecretario Urrutia ha señalado que se adoptarán todas las medidas instruidas, pero el proceso de regularización aún no está claro. Mientras tanto, los datos de Sernapesca muestran que la mayoría de los inscritos no ejercen actividad pesquera, lo que plantea dudas sobre la efectividad del registro y la necesidad de una revisión más profunda del sistema.
INCERTIDUMBRE SOBRE EL FUTURO DEL REGISTRO
La resolución de la Contraloría deja en vilo el estatus de miles de pescadores artesanales. La solicitud de aclaración que prepara Subpesca busca evitar una nulidad total del proceso, pero dependerá de la interpretación final del organismo fiscalizador. Mientras tanto, el sector deberá esperar la decisión que defina si el registro se mantiene o se retrotrae.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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