Comisión de Zonas Extremas analiza en detalle los beneficios tributarios vigentes y proyecta su actualización
La Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales del Senado sesionó el pasado 8 de julio de 2026 con el objetivo de recibir antecedentes técnicos sobre los instrumentos de fomento tributario aplicables a esas regiones. La instancia fue transmitida por TV SENADO CHILE y contó con la participación del economista Fernando Cabrales, del abogado Alfred Skill —en representación del Servicio de Impuestos Internos (SII)— y del investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional Juan Pablo Caba.
Durante la jornada, los senadores presentes acordaron realizar un seminario sobre las leyes de zonas extremas y programar una segunda sesión para el miércoles 22 de julio, con los mismos expositores, para avanzar hacia una propuesta de actualización normativa.
PANORAMA DE LOS INSTRUMENTOS DE FOMENTO
El economista Fernando Cabrales agrupó los principales mecanismos en cuatro categorías. El primero es el DFL 15, un subsidio a la inversión en zonas extremas que data de los años ochenta. De acuerdo con su exposición, este beneficio cubre el 20% de las inversiones acreditadas elegibles, pero la ley es taxativa y no permite a las regiones decidir alternativas, como apoyar proyectos de mujeres o comunidades étnicas. A su juicio, el instrumento está bien focalizado en empresas locales con ventas anuales inferiores a 40.000 UF y proyectos menores a 50.000 UF, aunque el monto total asignado es reducido: alrededor de 600 millones de pesos para Magallanes y montos menores para otras regiones.
En segundo lugar, Cabrales se refirió al subsidio del artículo 889, que bonifica la contratación de mano de obra. Explicó que originalmente correspondía al 17% del ingreso mínimo, pero tras una reformulación en 2003 quedó fijado sobre un salario base de ese año, lo que ha reducido su valor real a aproximadamente 46.000 pesos mensuales por trabajador, equivalente a un 8% del salario mínimo actual. Señaló que este subsidio podría funcionar como incentivo a la formalización laboral, especialmente en regiones con alta informalidad como Arica, donde uno de cada tres trabajadores es informal.
ZONAS FRANCAS Y CRÉDITOS TRIBUTARIOS
El economista también analizó las leyes de zonas francas, destacando la situación de Zona Franca de Iquique (SOFIZA), que mueve más de 4.500 millones de dólares al año y genera un gasto tributario superior a 200 millones de dólares. En contraste, la Zona Franca Industrial de Arica es pequeña y conflictiva, administrada por una empresa estatal cuyo contrato de concesión expira en 2030. Cabrales criticó la gestión de SOFIZA respecto de la zona industrial de Arica, señalando que la empresa la ha tratado como competencia y que los beneficios del régimen son poco difundidos.
Finalmente, abordó los créditos tributarios por inversiones, que van desde un 30% hasta el 100% del impuesto de primera categoría según la región. Observó que estos créditos resultan inútiles para empresas que no generan utilidades, como el caso de Golden Omega en Arica, que en 15 años nunca ha tenido ganancias. Propuso estudiar mecanismos para hacer transferibles estos créditos o utilizarlos como garantía bancaria.
INTERVENCIÓN DEL SII Y DE LA BCN
El abogado Alfred Skill expuso los regímenes preferenciales vigentes, agrupándolos en zonas francas y otros regímenes de fomento territorial. Explicó que las zonas francas de Iquique, Punta Arenas y la Zona Franca Industrial de Arica operan bajo el DFL 2 de 2001 del Ministerio de Hacienda, con exención del impuesto de primera categoría y beneficios en IVA basados en una ficción de extraterritorialidad aduanera. Destacó que la ley Navarino y la ley Tierra del Fuego ofrecen beneficios más potentes, con crédito ficto pleno del impuesto corporativo para los socios, y que el régimen de Isla de Pascua es el más fuerte de todos, con exención total del impuesto a la renta y amplias exenciones de IVA.
Por su parte, el investigador Juan Pablo Caba señaló que en Chile no existe un concepto legal de “zona extrema”, lo que produce dispersión normativa. La ley 20.655 menciona el término en su título pero no lo desarrolla, y distintas leyes otorgan gasto tributario, crédito tributario o ambos, con topes variables y administraciones diversas.
SOLICITUDES DE LOS SENADORES
Los senadores realizaron consultas y formularon peticiones. El senador Trisoti preguntó si se han estudiado reformas para modernizar las zonas francas, especialmente ante el término del contrato de concesión de SOFIZA en 2030, y planteó el problema de que la salida de mercaderías desde zonas de extensión al resto del país obliga a pagar todos los impuestos no enterados inicialmente, lo que desincentiva procesos de economía circular.
El senador Bianchi solicitó un oficio al gobierno regional de Magallanes para conocer las utilidades de la sociedad Rentas Inmobiliarias, administradora de la Zona Franca de Punta Arenas, y pidió convocar al gobernador y al Ministerio de Hacienda para analizar el proceso de licitación por 30 años que se avecina. El senador Kusanovic respaldó esta solicitud y criticó que la licitación anterior se basó en quién pagaba más al Estado por administrar, lo que contradice el espíritu de la ley de zona franca y encarece los insumos.
La comisión acordó oficiar en los términos solicitados y esperar las respuestas para la próxima sesión, donde también se espera la presencia presencial del subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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