La Fiscalía reveló que Pedro Pablo Larraín Mery, una de las figuras centrales del caso Sartor, renunció a su cargo como manager irrevocable de la sociedad Fondo Inversión Sartor LLC apenas un día antes de su formalización. El hallazgo fue expuesto por el fiscal Juan Pablo Araya durante la segunda jornada de formalización de los once imputados ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, donde también se detallaron operaciones internacionales y conversaciones internas de los directivos.
El Ministerio Público imputa seis delitos económicos: administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa, estafa, fraude por omisión de OPA y lavado de activos. Tras la exposición de la Fiscalía, la magistrada Ximena Rivera decretó un receso de 30 minutos y la audiencia se reanudó pasado el mediodía.
RENUNCIA UN DÍA ANTES
Durante su intervención, el fiscal Araya explicó que el acuerdo de operaciones de Fondo Inversión Sartor LLC, sociedad constituida bajo las leyes de Delaware en octubre de 2022, otorgaba a Larraín Mery un poder absoluto sobre la firma. El documento establecía que mantenía el carácter de manager irrevocable de la compañía, designado por la unanimidad de los votos de todos los miembros.
Según el persecutor, Larraín habría renunciado a ese cargo el 29 de julio, es decir, un día antes de su formalización. “Esto llama la atención, magistrado, porque la posibilidad de renuncia ya estaba y pudo haberla ejecutado tiempo antes”, sostuvo Araya ante el tribunal.
La renuncia afectó a una de las sociedades extranjeras que participan en el proyecto inmobiliario Faena Residences, iniciativa que considera la construcción de dos torres de 64 pisos cada una y a la que Sartor aportó en su momento unos US$ 35 millones.
ESTRUCTURA INTERNACIONAL
El Ministerio Público también delineó la estructura internacional utilizada por la administradora general de fondos. En ese marco, reveló los movimientos de un pagaré por más de US$ 18 millones, suscrito por Asesoría de Inversiones Cerro El Plomo a favor del Fondo de Inversión Táctico Internacional.
El instrumento fue endosado en julio de 2023 y su domicilio de pago quedó fijado en la jurisdicción de Gran Caimán, en el Caribe. La Fiscalía vinculó estas operaciones offshore con la malla corporativa construida en Estados Unidos, donde se insertaba la sociedad de Delaware que lideraba Larraín.
MEDIDAS CAUTELARES
El viernes pasado, cuatro de los once imputados terminaron con medidas cautelares de arresto domiciliario, aunque con distinta intensidad. Esas fueron las primeras decisiones adoptadas por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago durante la primera jornada de formalizaciones.
El tribunal deberá resolver ahora la situación de los restantes imputados, en un caso que ha concitado atención por la envergadura de los montos involucrados y la complejidad de la estructura societaria analizada por la Fiscalía.
DIÁLOGOS REVELADORES
En la audiencia, el fiscal Araya también expuso diversas conversaciones de WhatsApp que mantuvieron los directores de la administradora. En los chats entre Michael Clark, de Redwood Capital, y Hugo Baranda se coordinaba de forma constante la emisión de boletas, facturas y cobros de honorarios entre 2021 y 2024.
En esos intercambios, Baranda aparecía quejándose recurrentemente de las presentaciones a los comités, mientras ambos coordinaban los flujos de dinero, el orden de las cuentas corrientes y la resolución de enredos con las boletas de honorarios y los pagos atrasados.
El 20 de diciembre de 2024, Larraín informó directamente por el chat de directores la llegada de la Comisión para el Mercado Financiero a las oficinas: “Les comento que acaba de llegar la CMF a nuestras oficinas, y nos revocaron la licencia de la AGF. Desde ahora hay un liquidador, y se acaba el directorio…”. Ante ese mensaje, otros directores, como Óscar Ebel y Mauro Valdés, comenzaron a coordinar los pasos a seguir y las reuniones con su estudio jurídico.
ANTECEDENTES PREVIOS
La Fiscalía también dio cuenta de mensajes anteriores. En noviembre de 2022, a raíz de la formalización de dos personas vinculadas al caso Swell, el ex gerente general Octavio Gamboa y el ex contador Michael Suárez, Larraín escribió en el grupo del directorio de Sartor AGF que estaba muy contento con la gestión de sus abogados, ratificando su tesis y celebrando que uno de ellos quedara en prisión preventiva.
En ese mismo mensaje, Larraín agregó: “Acá lo importante es que hay que dejar claro que el que se mete con Sartor le vamos a sacar la chucha”. El comentario fue celebrado con aplausos por Iván García y respaldado por Miguel León con la frase “ni perdón ni olvido, sólo justicia”.
Tras la acción de la CMF a fines de noviembre de 2024, los registros muestran que Michael Clark comenzó a eliminar mensajes de los grupos de WhatsApp. En uno de ellos escribió “eliminé todos los mensajes, sólo queda salirme del grupo”, instando a los demás a hacer lo mismo para limpiar los chats.
La audiencia de formalización continúa desarrollándose y se espera que en las próximas jornadas el tribunal resuelva la situación procesal del resto de los imputados.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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