Las tres fórmulas privadas para Codelco: sus requisitos y dificultades
El presidente de Codelco, Bernardo Fontaine, ha impulsado desde su llegada al cargo la necesidad de que la corporación consiga recursos para hacer frente a su compleja situación financiera. Con una deuda bruta que alcanzó casi US$27 mil millones al cierre del primer trimestre de este año y un patrimonio de cerca de US$14 mil millones, la prioridad es mejorar la caja de la empresa.
Para ello, Fontaine ha planteado la venta de activos, sin descartar otras vías. El directorio tiene previsto tomar una decisión a más tardar en noviembre próximo. Ante la Comisión de Minería del Senado, el 15 de julio, Fontaine explicó: “Tenemos un hoyo de caja a financiar producto de las inversiones y, por consiguiente, tenemos que ver cómo lo financiamos”. Y agregó: “Cualquier compañía en esa situación revisa el valor de los activos que tiene y nosotros tenemos muy buenos activos (…) hay que ver si es conveniente mantenerlo o venderlo. Si vale la pena vender es porque invertir esos recursos en Codelco es más rentable”.
En ese contexto, han surgido tres fórmulas para conseguir recursos: la privatización, la venta de activos y la incorporación de capitales privados a nivel de las divisiones. Cada una tiene requisitos técnicos y jurídicos que dificultan su implementación en el corto plazo.
LAS RAZONES PARA NO PRIVATIZAR
La privatización de Codelco, total o parcial, choca con una barrera constitucional. Según expertos en derecho constitucional, cualquier cambio de propiedad en la empresa requiere una reforma a la Constitución, lo que necesita el voto de 4/7 en la Cámara de Diputados y el Senado, es decir, 89 diputados y 29 senadores. Con la actual conformación del Congreso, esa mayoría parece inalcanzable.
Además, los sindicatos agrupados en la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) y la Federación de Supervisores del Cobre (Fesuc) se oponen incluso a una privatización parcial. A esto se suman los requerimientos organizacionales y tributarios: habría que modificar la ley de gobierno corporativo de Codelco y su estructura tributaria, que incluye la entrega del 10% de las ventas al Estado, el royalty, un impuesto corporativo con sobretasa del 40% y la entrega de todos los dividendos al fisco.
LA NUEVA OPCIÓN: PRIVADOS EN LAS DIVISIONES
Una alternativa que no había salido a la luz pública es incorporar capitales privados a nivel de las divisiones de Codelco, mediante asociaciones tipo joint venture o inyecciones de capital. La idea se deriva del planteamiento del economista Sebastián Edwards de convertir a Codelco en una sociedad holding, con las divisiones como filiales.
El problema es que las cuatro divisiones preexistentes a la nacionalización del cobre (Chuquicamata, El Teniente, Salvador y Andina) están protegidas por la Constitución, por lo que cualquier cambio en su propiedad requeriría reforma constitucional. En cambio, las divisiones más nuevas -Radomiro Tomic, Gabriela Mistral y Ministro Hales- podrían asociarse con privados mediante una simple ley, según el profesor de Derecho Minero y exgerente legal de Codelco, Cristián Quinzio.
Sin embargo, otros constitucionalistas, como Francisco Zúñiga, consideran que estas tres operaciones están en la misma situación que las antiguas. Además, la Contraloría siempre ha tratado a Codelco como un todo, sin distinguir entre divisiones, por lo que una operación de este tipo podría generar un diferendo con la contralora.
VENTA DE ACTIVOS, MÁS A LA MANO
La venta de activos no esenciales es la opción que más ha reiterado Fontaine y la más rápida de implementar, pues no requiere pasar por el Congreso, solo autorizaciones administrativas. Los activos más relevantes son el 49% en El Abra, el 20% en Anglo American Sur, el 10% en Quebrada Blanca y el 50% más una acción en Novandino Litio.
En El Abra, Codelco puede vender hasta la mitad de su participación (24,5%) sin necesidad de un cambio legal, pero el yacimiento requiere US$7.500 millones para su continuidad. En Anglo American Sur, la venta del 20% requiere revisar el pacto de accionistas con Anglo American y Mitsui. En Quebrada Blanca, si se vende el 10%, la mitad del excedente sobre el precio pagado en 2024 (US$520 millones) irá a Enami. Y en Novandino Litio, la venta del 50% más uno está restringida por un pacto con SQM que impide vender antes de 2034, y además necesita la autorización de Corfo.
Una fuente de la corporación aseguró que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre cuál activo vender, pero están conscientes de que es la vía más rápida y menos engorrosa para obtener recursos.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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