La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) levantó alertas sobre el proyecto de ley que modifica las normas relativas al autocontrol de pesaje de carga, que hoy se encuentra en su segundo trámite legislativo en el Senado. El gremio advirtió que en su diseño actual plantea desafíos relevantes para la operación logística, al trasladar a las empresas funciones de control, registro y certificación que pueden afectar la continuidad de las cadenas de abastecimiento.
Se trata de un proyecto que tiene como objetivo perfeccionar el marco normativo vigente para resguardar la infraestructura vial del país, debido a los daños generados en los caminos públicos por los vehículos de carga con sobrepeso. La iniciativa establece obligaciones más estrictas y sanciones para las empresas que incumplan la normativa de control de peso. El Ministerio de Obras Públicas estimó que esto podría significar ahorros de US$215 millones en 20 años.
PROPUESTAS DEL GREMIO
La presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, señaló que una regulación de esta magnitud debe asegurar reglas claras, responsabilidades bien definidas y una adecuada evaluación de sus impactos. «Proteger la infraestructura vial es un objetivo compartido, pero ello debe lograrse resguardando también la competitividad, la eficiencia logística y la capacidad de crecimiento del país», afirmó.
El gremio del comercio apuntó a que, tal como está formulado el proyecto actualmente, podría no solo generar mayor congestión y tiempos de operación, sino que también exigiría inversiones de parte de privados sin una evaluación de los impactos económicos y operativos. Anteriormente, la Asociación Logística de Chile (Alog) advirtió que esto podría generar costos para la industria de US$6.200 millones en 20 años.
INDICACIONES DEL EJECUTIVO
La CCS valoró las indicaciones presentadas por el Ejecutivo que incorporan criterios de gradualidad en la implementación, la exclusión de vehículos de menor impacto vial, el reconocimiento de contingencias operativas y la posibilidad de establecer soluciones flexibles, como sistemas de control compartidos o puntos de pesaje alternativos. «Estas mejoras contribuyen a hacerse cargo de parte de las preocupaciones levantadas por el sector productivo y logístico», aseguran.
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS
La agrupación insiste en que hay aspectos que requieren perfeccionamiento y entregó una serie de ajustes para resguardar el funcionamiento de la logística y el comercio. Entre ellas, la CCS recomendó clarificar la distribución de responsabilidades, evitando la superposición de obligaciones entre generadores, operadores y otros actores; evitar las duplicidades regulatorias mediante la coordinación con otros organismos públicos; y reconocer equivalencias tecnológicas con soluciones que ya están disponibles en el sector.
El gremio apuntó a la necesidad de precisar los criterios de aplicación del sistema y de ampliar los criterios de exclusión a vehículos pesados de dos o más ejes cuyo peso bruto total sea inferior a 18 toneladas, o aquellos cuyo peso bruto total sea inferior a 21 toneladas y cuenten con tres o más ejes. También recomendó adoptar un enfoque basado en riesgo, focalizando los controles en aquellas operaciones con mayor impacto potencial; revisar la proporcionalidad del régimen sancionatorio que hoy considera multas de hasta 100 UTM (más de $72 millones); y realizar una evaluación de costo-beneficio antes de que entre en vigencia el sistema.
«Chile necesita fortalecer su infraestructura y modernizar sus mecanismos de fiscalización, pero también avanzar con regulaciones que promuevan la inversión, la productividad y el crecimiento. La protección de la infraestructura vial y la competitividad del país no son objetivos contrapuestos; una buena regulación debe ser capaz de fortalecer ambos objetivos simultáneamente», concluyó María Teresa Vial.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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