La Comisión de Seguridad Pública del Senado inició el 2 de junio de 2026 una nueva etapa en la tramitación de dos proyectos clave: el Sistema Nacional de Protección Ciudadana (SINAPROC) y una iniciativa que busca reforzar la seguridad en los establecimientos de salud. La sesión, transmitida por TV Senado Chile, contó con la participación del recién asumido ministro de Seguridad Pública, Raúl Arrau, quien expuso la postura del Ejecutivo sobre ambas materias.
SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA
Uno de los puntos centrales de la jornada fue el análisis del proyecto de ley que crea el SINAPROC, heredado de la administración anterior. El ministro Arrau valoró la iniciativa, señalando que es coherente con el espíritu de la Ley 21.730, que mandata contar con un sistema integrado no solo en inteligencia, sino también en respuesta a emergencias.
No obstante, advirtió que el proyecto requiere una revisión técnica y presupuestaria más profunda. «Creemos que hay que darnos un tiempo para trabajar junto a los asesores en una respuesta más técnica a los artículos», afirmó. La integración de distintas instituciones —como Bomberos, seguridad municipal, Carabineros, SAMU y Senapred— y la conectividad tecnológica fueron planteadas como desafíos mayores.
Varios senadores intervinieron para destacar la importancia de la interoperabilidad entre servicios, la geolocalización de llamadas y la necesidad de incorporar aplicaciones móviles. El senador Castro recordó el caso de un crimen en Graneros donde no se pudo geolocalizar la llamada a tiempo. También se mencionó la existencia del Registro Único de Bases de Datos (BUD), cuya implementación ha mostrado ineficiencias según un diagnóstico preliminar.
El senador Lonton puso énfasis en la protección de datos personales y en la necesidad de compatibilizar el sistema con la ley respectiva. Asimismo, sugirió incorporar a radioaficionados como recurso en emergencias, aludiendo al terremoto de 2010.
El presidente de la comisión, senador Martín, propuso conformar un grupo de trabajo conjunto entre el Ejecutivo y los parlamentarios para afinar las indicaciones. Se acordó volver a analizar el proyecto el 7 de julio de 2026.
SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
En segundo lugar, la comisión abordó un proyecto de moción de los senadores Astudillo y Calisto, que modifica varios cuerpos legales para fortalecer la protección en centros de salud. La iniciativa busca incorporar una nueva agravante en el artículo 12 del Código Penal cuando el delito se cometa dentro o en el perímetro inmediato de un establecimiento de salud, y afecte a pacientes, acompañantes o personal.
Además, propone declarar como infraestructura crítica de salud aquellos recintos con alto riesgo sociodelictual, y facultar planes de seguridad privada aprobados por la autoridad.
El ministro Arrau calificó la idea como positiva, pero señaló inconsistencias jurídicas. «Hay que definir bien qué entendemos por perímetro y evitar superposiciones con la Ley de Clínica Segura de 2019», indicó. El asesor legislativo del ministerio, Cristóbal García, detalló que la redacción actual podría generar conflictos con los artículos 297 bis y 401 bis del Código Penal.
La senadora Lonton llamó a no multiplicar las agravantes sin un análisis sistémico, mientras que el senador Castro solicitó antecedentes sobre la aplicación efectiva de la Ley 21.188, conocida como Ley de Clínica Segura. Se acordó recabar un informe de la Fiscalía y evaluar los resultados de esa normativa antes de avanzar.
Finalmente, la comisión fijó un plazo de tres semanas para ajustar el proyecto y acordó solicitar al ministerio los antecedentes del catastro de riesgo de centros de salud realizado en 2024 por el Ministerio del Interior.
La sesión concluyó con la disposición del Ejecutivo de apoyar ambas iniciativas, sujetas a las correcciones técnicas necesarias.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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