La explotación económica del comercio sexual de personas mayores de edad, los avisos que publicitan estos servicios y los inmuebles donde se desarrollan podrían ser objeto de nuevas sanciones penales en Chile, según un proyecto de ley presentado por un grupo de diputados de Renovación Nacional. La iniciativa busca atacar directamente una de las fuentes de financiamiento del crimen organizado, particularmente de bandas transnacionales como el Tren de Aragua.
La propuesta, impulsada por el diputado Mauro González, se enmarca en la agenda de seguridad de la bancada RN y surge tras una advertencia del fiscal Héctor Barros, jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur y líder del equipo ECOH. El persecutor señaló que el comercio sexual representa una de las vías que genera mayores ingresos para la organización criminal venezolana.
ADVERTENCIA FISCAL Y NECESIDAD DE LEGISLAR
En sus declaraciones, el fiscal Barros indicó que cerrar ese mercado a las organizaciones criminales podría desincentivar su interés por operar en el país. “Si yo le cierro ese mercado a las organizaciones criminales, claramente lo que voy a tener es que no va a haber interés ahora en venir a, por ejemplo, ejercer la prostitución en Chile”, sostuvo.
Barros vinculó este fenómeno con otras dinámicas delictivas asociadas, como la inmigración ilegal, el control de personas por parte de grupos criminales y los secuestros. “Esto es una seguidilla de cosas, donde lo que se requiere es legislar”, afirmó. El proyecto, según sus impulsores, responde precisamente a esa necesidad de actualizar la normativa para enfrentar formas modernas de criminalidad organizada, donde el comercio sexual opera en condiciones de informalidad, escasa trazabilidad y sin controles estatales eficaces.
NUEVAS FIGURAS PENALES Y SANCIONES
La iniciativa pretende incorporar al Código Penal nuevas figuras delictivas. La primera de ellas es la explotación económica del comercio sexual ajeno de personas adultas, incluso cuando exista consentimiento del oferente. De aprobarse, será perseguido quien lucre con los servicios sexuales de un tercero.
El proyecto también sanciona a quienes faciliten medios digitales o impresos para ofrecer o concertar estos servicios. Esto incluye la administración de plataformas, publicaciones o avisos destinados a promocionar el comercio sexual. Asimismo, se castiga a los dueños o administradores de inmuebles que destinen sus propiedades a estas actividades.
Además, se incorpora una falta penal sancionable con multa para quienes paguen, ofrezcan pagar o prometan pagar por servicios sexuales a personas mayores de edad. Con esta medida, los autores buscan desincentivar la demanda que alimenta el mercado ilegal.
LAVADO DE ACTIVOS Y PERSEGUCIÓN DE GANANCIAS
Otro de los ejes centrales de la propuesta es la modificación de la Ley N°19.913, que regula el lavado de activos. El proyecto incluye la explotación económica del comercio sexual ajeno dentro del catálogo de delitos base para esta figura. De esta manera, las ganancias obtenidas a través de esta actividad ilícita podrán ser perseguidas penalmente, afectando directamente la estructura financiera de las organizaciones criminales.
DECLARACIONES DE LOS AUTORES
El diputado Mauro González, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, explicó que la iniciativa apunta a cerrar espacios de financiamiento para bandas delictivas. “En Chile se debe sancionar y regular el mercado sexual, porque está siendo utilizado por las bandas criminales como fuente de financiamiento”, señaló.
González detalló que el proyecto busca castigar “como delito a todo aquel que explota económicamente los servicios sexuales de otra persona, a aquellos que intervienen en la publicidad y a aquellos que facilitan los inmuebles”. Respecto a quienes contratan estos servicios, indicó que la propuesta contempla una sanción como falta.
RESPALDO PARLAMENTARIO
La propuesta cuenta con el apoyo de otros diputados de RN, como Juan Carlos Beltrán, Andrés Celis y Eduardo Durán. Los parlamentarios coincidieron en la urgencia de adoptar medidas concretas para debilitar las fuentes de financiamiento del crimen organizado, fortaleciendo así la seguridad pública.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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