La crisis política que sacudió la tramitación de la megareforma impositiva en el Senado tuvo como protagonista central al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien a las 17:29 horas del viernes 10 de julio debió retirar una indicación que había ingresado la noche anterior para reducir el impuesto corporativo del 27% al 22%. La medida, que según el gobierno buscaba fijar una tasa efectiva del 24,5% tras aplicar una sobretasa permanente del 1,5% a los proyectos de inversión acogidos a invariabilidad tributaria, fue interpretada por los senadores del PPD como una violación del acuerdo que habían alcanzado con el Ejecutivo en torno al guarismo del 23%. El conflicto obligó a intervenir al biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, y al propio Presidente de la República, José Antonio Kast, para salvar el entendimiento político con la bancada del Partido por la Democracia.
EL ORIGEN DEL INCENDIO
La indicación que provocó la ruptura fue presentada por Quiroz sin que, según fuentes de Hacienda, hubiera sido discutida previamente con los senadores PPD. El ministro sostenía que el acuerdo con ese partido se limitaba a la invariabilidad tributaria y no abarcaba el porcentaje del impuesto corporativo. Sin embargo, para los parlamentarios del PPD, la base de la negociación siempre fue el 23%, cifra que consideraban esencial para mantener el equilibrio de las cifras propuestas. Tan pronto como el senador comunista Daniel Núñez advirtió sobre la indicación en la comisión, se desató un incendio político que llevó a Quiroz a refugiarse en la oficina del presidente de la comisión, Javier Macaya, para evaluar la situación.
LA INTERVENCIÓN DE LA MONEDA
Mientras Quiroz realizaba consultas telefónicas, Alvarado, curtido en las lides políticas, tomó la iniciativa. Pasadas las 17:20 horas, contactó al asesor político de Hacienda, Felipe Donoso, y solicitó hablar directamente con el ministro. «Jorge, estamos con un problema político; está en juego lo que habíamos comprometido; el problema con el PPD es delicado, hay que bajar la indicación», le planteó. Quiroz respondió que pensaba lo mismo y que retiraría la propuesta. La decisión fue comunicada al Presidente Kast, quien monitoreó el incidente en medio de sus actividades en Santiago y visó el retiro tras conversar con ambos ministros. En Palacio se confidencia que la solución fue acordada conjuntamente y no una imposición unilateral.
EL RETIRO DE LA INDICACIÓN
Al reingresar a la sala, Quiroz anunció la marcha atrás con un argumento de buena fe: «No es un misterio, porque se ha hecho público, que había un acuerdo con el PPD en esta materia. Ambas partes, de buena fe, han entendido un tema algo distinto. Pero nosotros queremos privilegiar el acuerdo y privilegiando el acuerdo es que vamos a mantener la tasa corporativa hasta el 23%». La medida no fue bien recibida por los senadores oficialistas Rojo Edwards, Rodolfo Carter y Javier Macaya, quienes sostenían que el acuerdo con el PPD no consideraba el impuesto corporativo y que, además, se había llegado a un punto de no retorno. Sus advertencias resultaron acertadas, pues el PPD dio por finiquitado el entendimiento.
LAS CONSECUENCIAS POLÍTICAS
El episodio dejó al gobierno en una posición delicada. En el oficialismo se interpretó como un error de negociación que debilitó la imagen del ministro Quiroz como interlocutor confiable. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, calificó la jugada derechamente como un error, mientras que su par de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, señaló que «Alvarado tomó las riendas del asunto y está absolutamente corregido». La presidenta de RN, Andrea Balladares, reconoció que «fue un impasse que nos generó un problema». En los días siguientes, Quiroz expresó a La Moneda su molestia por las críticas recibidas, incluso desde el propio oficialismo, que la oposición aprovechó para intentar inhabilitarlo como contraparte.
EL ROL DEL BIMINISTRO ALVARADO
Alvarado asumió públicamente la responsabilidad de haber solicitado el retiro de la indicación. En una entrevista en La Tercera publicada el domingo 12, declaró: «En aras del buen entendimiento del compromiso asumido con el PPD, le solicité expresamente al ministro de Hacienda retirar la indicación de rebaja de impuesto corporativo al 22%». Días después, en Radio Duna, enfatizó la importancia de «verificar los términos de esa conversación y respetar la palabra empeñada». Estos gestos fueron vistos por la oposición y parte del oficialismo como una quitada de piso a Quiroz, aunque en La Moneda se defiende que ambos roles son complementarios.
LAS NEGOCIACIONES PREVIAS
Las tratativas con el PPD se habían iniciado en abril, cuando el gobierno ingresó el proyecto de Ley de Reconstrucción. El senador Rodolfo Carter actuó como facilitador, organizando cenas en su casa para que Quiroz y los senadores opositores se conocieran. El 8 de julio, el PPD entregó una propuesta por escrito sobre invariabilidad tributaria, que Hacienda respondió el mismo día con un documento de tres carillas. En él se establecían 10 años de invariabilidad para proyectos entre 50 y 100 millones de dólares; 15 años para el rango entre 100 y 350 millones; y 20 años para los superiores a 350 millones. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, jugó un rol clave en abrochar el acuerdo, que fue anunciado el miércoles 8 de julio.
LA RECOMPOSICIÓN DE CONFIANZAS
El martes 14 de julio, Quiroz se reunió presencialmente con Alvarado en su despacho. Ambos ministros, que suelen hablar a las 7 de la mañana, evaluaron los efectos del conflicto en el perfil negociador de Hacienda. Quiroz estaba inquieto por cómo recomponer las confianzas con el PPD antes de la votación final de la megareforma, que terminó aprobándose en el Senado. Ese mismo día, el Presidente Kast recibió a Quiroz a un almuerzo en Cerro Castillo, gesto que fue interpretado como un espaldarazo ante las críticas.
Las fuentes de gobierno insisten en que ambos ministros tienen roles distintos y complementarios, y que no existe espacio para que uno le enmiende la plana al otro. La ruta de negociación se mantiene: Quiroz se encarga de las conversaciones con el PDG en la Cámara de Diputados, mientras Alvarado y el ministro de la Segpres, José García Ruminot, gestionan el resto de los apoyos. El desafío ahora es mantener la credibilidad del interlocutor técnico sin que el ruido político entorpezca la tramitación de los próximos proyectos, especialmente en materia de mercado de capitales y la discusión presupuestaria que comienza en septiembre.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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