Martín Arrau, ministro de Seguridad Pública, afirmó que el gobierno encabezado por José Antonio Kast trabajará bajo la Política Nacional de Seguridad Pública (PNSP) vigente, establecida por la Ley 21.730. Con estas palabras, el secretario de Estado intentó disipar las inquietudes generadas por el polémico paso de Trinidad Steinert por la cartera y las acusaciones de falta de un plan propio en seguridad.
ORIGEN DE LA NUEVA CARTERA
La creación del Ministerio de Seguridad Pública fue propuesta por el expresidente Sebastián Piñera en septiembre de 2021, a través de un proyecto de ley. Su objetivo era desvincular esta área del Ministerio del Interior, con el fin de abordar los retos de seguridad actuales, poniendo a las personas como eje central y previniendo amenazas a su integridad y bienes.
El proyecto de Piñera contemplaba que Carabineros, la PDI, la Agencia Nacional de Inteligencia, la Agencia Nacional de Ciberseguridad y las seremías de Seguridad Pública quedaran bajo la dependencia jerárquica del nuevo ministerio. El entonces mandatario indicó que la seguridad requería una respuesta global del Estado, que trascendiera la noción de que solo las policías son responsables, y que debía articularse en un sistema liderado por un ministerio técnico y especializado.
PROMULGACIÓN Y CONTENIDO DE LA LEY
El 27 de enero de 2025, el expresidente Gabriel Boric promulgó la ley que creó el Ministerio de Seguridad Pública, conservando en gran medida el espíritu de la iniciativa de Piñera, aunque se incorporaron nuevas metas durante su discusión. La norma establece que el ministerio debe elaborar la PNSP, que incluirá prevención del delito, protección a víctimas, lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, entre otros aspectos.
La ley también creó el Centro Integrado de Coordinación Policial (CICPOL), una unidad de asesoría para detectar riesgos, coordinar operativos complejos y facilitar el intercambio de datos con entidades públicas y privadas. Asimismo, estableció el Sistema Nacional de Protección Ciudadana, un canal único para reportar delitos, accidentes de tránsito, incendios y emergencias de salud, similar al 911 de Estados Unidos. Este sistema posibilitará una respuesta inicial en la que participen de manera conjunta policías, ambulancias, seguridad municipal y las Fuerzas Armadas.
Además, la normativa instauró el Sistema de Seguridad Pública, el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Prevención del Delito, organismos de coordinación presentes en todas las regiones.
MINISTRO ARRAU DEFINE MARCO DE ACCIÓN
Al finalizar su primer comité de seguridad, con la presencia del Presidente Kast, Arrau recordó que la Ley 21.730, vigente desde hace poco más de un año, impone obligaciones determinadas. Destacó que existe una PNSP promulgada por el expresidente Boric, con seis años de vigencia, y que su cartera la considera suficiente y amplia para desarrollar planes y programas futuros. Por ello, operará bajo ese marco, al que le restan más de cinco años.
LAS CRÍTICAS DESDE LA OPOSICIÓN
Sectores de izquierda, representados por la exvocera de gobierno Camila Vallejo, criticaron que el gobierno admitiera de manera indirecta carecer de una estrategia propia. En el oficialismo, en cambio, sostienen que la PNSP es un lineamiento general y que Arrau plasmará su estilo en las iniciativas que expondrá ante el Senado el 2 de junio.
LA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 2025-2031
En octubre de 2025, el expresidente Boric firmó el decreto que formalizó la PNSP para el período 2025-2031. En esa ocasión, el entonces ministro Luis Cordero señaló que era una hoja de ruta para ordenar el Estado y sus instituciones hasta 2031, mediante la coordinación del Sistema de Seguridad Pública que lidera el ministerio. Cordero resaltó la importancia de la rendición de cuentas: desde entonces, Chile dispone de un instrumento que orienta al sistema para alcanzar metas y reportar resultados a la ciudadanía y al sistema democrático.
La meta central de la PNSP es disminuir los delitos violentos y el miedo de la población, mediante lineamientos que refuercen la coordinación entre instituciones en el diseño y aplicación de políticas basadas en evidencia. El diagnóstico parte de una victimización estable, altos niveles de temor que persisten y un incremento de delitos violentos en los últimos diez años.
Para enfrentar estos problemas, la política define lineamientos en seis áreas: prevención dirigida a niños, adolescentes y jóvenes; prevención en el territorio; control del delito; persecución penal; sanciones, sistema carcelario y reinserción; y atención y protección a víctimas. Estas directrices guiarán una estrategia que será revisada y ajustada cada dos años por los miembros del Sistema de Seguridad Pública.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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