El gobierno salió al paso de la polémica generada tras los reparos manifestados por la ministra de Salud, May Chomali, a una indicación legislativa que busca que recintos sanitarios y educacionales proporcionen información sobre migrantes irregulares. La propuesta, impulsada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, fue presentada el miércoles ante la Comisión de Gobierno del Senado. Horas después, la titular del Minsal advirtió públicamente que esa medida vulneraría la confidencialidad de los pacientes, protegida por el Código Sanitario y la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes.
CONTEXTO DE LA POLÉMICA
La indicación fue detallada durante una sesión de la Comisión de Gobierno del Senado el miércoles pasado. En ella, Pavez y Sauerbaum plantearon la necesidad de que, en el marco de procedimientos migratorios en curso —ya sean sancionatorios o de expulsión—, la autoridad migratoria o la Policía de Investigaciones puedan recabar antecedentes desde establecimientos de salud, educación o entidades previsionales. La intención, según explicaron, es ubicar a las personas sujetas a dichos procesos.
LA POSTURA DE LA MINISTRA CHOMALI
En una entrevista con Radio13c, la ministra Chomali expresó su inquietud. Sostuvo que el Ministerio de Salud no puede informar sobre datos entregados en el contexto de una atención sanitaria, porque esa información está amparada por el Código Sanitario y la Ley Nº 20.584, que regula los derechos y deberes de los pacientes. «Eso lo vamos a defender absolutamente», enfatizó la secretaria de Estado, dejando en claro que su cartera no transigirá en la protección de la confidencialidad clínica.
LA EXPLICACIÓN DEL GOBIERNO
Ante la controversia, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, salió a aclarar la situación. Aseguró que no existe motivo de preocupación en los términos planteados por la ministra de Salud. «Esta es una indicación que no tiene como propósito inmiscuirse en toda la Ley de Protección al Paciente», afirmó. Explicó que se trata simplemente de adecuar la solicitud de información a los nuevos marcos legales, como la Ley Nº 19.628 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, y que el Servicio de Migraciones ya tiene facultades para pedir ciertos antecedentes.
El subsecretario Pavez profundizó en los alcances de la propuesta. Señaló que la indicación no establece ninguna obligación de reporte o denuncia para los recintos, sino que permite que, una vez iniciado un procedimiento migratorio, la autoridad competente oficie para obtener datos que ayuden a ubicar a la persona. «Acá no existe en el texto, nunca ha estado en el texto ni en la intención del gobierno, ninguna obligación que se parezca a un reporte o denuncia», subrayó. Agregó que la preocupación de la ministra Chomali está incorporada, por lo que los derechos de los pacientes no se verán afectados. En ese sentido, descartó cualquier descoordinación interministerial.
CIERRE DE LA CONTROVERSIA
Tanto Alvarado como Pavez coincidieron en que la indicación no vulnera la confidencialidad de los pacientes ni el deber de reserva de los centros de salud. El gobierno insiste en que se trata de una herramienta para hacer más efectivos los procesos migratorios, respetando los marcos normativos vigentes. Mientras la discusión legislativa continúa en el Senado, la ministra Chomali mantiene su postura de defensa irrestricta de la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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