El Ejecutivo ingresó durante la noche del lunes sus primeras indicaciones al proyecto de ley de Reconstrucción, la megareforma, en una jornada clave para su tramitación. Este martes la comisión de Medio Ambiente del Senado debe votar más de 200 indicaciones antes de que el texto pase a las comisiones de Trabajo y Hacienda. El paquete se concentra exclusivamente en materias medioambientales, uno de los capítulos más resistidos desde la aprobación de la idea de legislar.
INDEMNIZACIÓN POR ANULACIÓN DE RCA
El Gobierno mantiene pero precisa el derecho de los titulares de proyectos a ser indemnizados por el fisco por gastos directos cuando su Resolución de Calificación Ambiental sea anulada. La indicación aclara que la cobertura opera ante cualquier sanción jurídica que prive de efectos a la RCA, y excluye el beneficio si el titular incurrió en infracciones gravísimas como daño ambiental irreparable o elusión del SEIA. El procedimiento se ejecuta mediante una comisión de tres peritos designados por Hacienda, con reclamo judicial ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Además, se crea un recurso especial de reclamación ante el Director Ejecutivo del SEA o ante un Comité de Ministros, con plazos de 30 días para reclamar y de 30 a 60 para resolver, antes de acudir al Tribunal Ambiental.
PLAZOS DE INVALIDACIÓN
La indicación fija en un año el plazo para que la autoridad invalide actos administrativos que otorgan permisos, un punto intermedio entre los seis meses del proyecto original y los dos años vigentes. También limita a un máximo de seis meses la duración de medidas cautelares que suspendan una RCA, salvo que exista riesgo ambiental grave e irreversible.
ACUICULTURA Y PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
El Ejecutivo retrocede en la relocalización de concesiones acuícolas: restablece la exigencia de someter el proceso al SEIA, incluyendo un plan de abandono y cierre, y solo exime a las microrrelocalizaciones que no ingresen a áreas protegidas ni aumenten la producción. En paralelo, reemplaza el aumento simple de patente por no uso por una escala progresiva: 60% de recargo entre el tercer y quinto año de inactividad, con multiplicadores crecientes desde el sexto año. En otra indicación, se blindan los hallazgos de restos humanos u osamentas, impidiendo que se les aplique cualquier plazo de caducidad o se clasifiquen como intervención menor sin autorización del Consejo de Monumentos Nacionales.
Fuente: EMOL
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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