Gobierno solicitará asistencia técnica a la OIT para consulta indígena previa a reforma de Ley de Tierras
El Ejecutivo encabezado por el Presidente José Antonio Kast requerirá apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para diseñar y ejecutar la consulta indígena que exige el Convenio 169 como paso obligatorio antes de modificar la Ley Indígena en materia de tierras. La información fue entregada por el subsecretario de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, Alejandro Fernández, en declaraciones publicadas por El Mercurio.
Según Fernández, el objetivo de la reforma es permitir que las comunidades y personas indígenas puedan, de manera voluntaria, celebrar contratos sobre sus tierras con el fin de utilizarlas plenamente y con libertad. El anuncio forma parte de los compromisos señalados por el Mandatario en su última Cuenta Pública.
La consulta indígena es un instrumento previsto en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, instrumento internacional vigente en Chile. En el país, su implementación ha sido objeto de críticas por parte de diversos actores, incluidos los propios pueblos originarios, debido a fallas en su ejecución y a la falta de resultandos concretos.
ANTECEDENTES DE LA REFORMA
La Ley Indígena vigente, Ley 19.253, regula el reconocimiento, protección y desarrollo de los pueblos originarios, así como el régimen especial de sus tierras. La propuesta del Gobierno apunta a flexibilizar las restricciones actuales para la transferencia de derechos sobre esos inmuebles, pero siempre bajo el principio de voluntariedad y con resguardo de los derechos colectivos e individuales de los indígenas.
El subsecretario Fernández precisó que la intención es que las comunidades y personas indígenas puedan usar sus tierras de manera plena, lo que implica la posibilidad de celebrar contratos de arriendo, usufructo, comodato u otros permitidos por la ley. Actualmente, la Ley Indígena establece limitaciones importantes a la enajenación y gravamen de estas tierras, salvo en casos muy específicos y con autorización administrativa previa.
LA CONSULTA INDÍGENA Y EL CONVENIO 169 DE LA OIT
El Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile en 2008, exige que los Estados consulten a los pueblos indígenas afectados por medidas legislativas o administrativas que puedan impactar directamente sus derechos, especialmente sobre tierras y recursos naturales. La consulta debe ser previa, libre, informada y de buena fe, con procedimientos adecuados a las circunstancias de cada pueblo.
En Chile, la aplicación de este instrumento ha sido compleja, con procesos que en ocasiones han sido objetados por las propias comunidades o por organismos internacionales. Fernández reconoció que la ejecución de la consulta ha sido fallida en el país, por lo que el Gobierno busca fortalecerla con apoyo técnico externo.
ASISTENCIA TÉCNICA DE LA OIT
El subsecretario adelantó que antes de convocar formalmente a las comunidades, el Gobierno pedirá asistencia técnica a la OIT para fortalecer el proceso conforme a lo dispuesto en el Convenio 169. Esta colaboración incluirá asesoría en diseño metodológico, plazos, mecanismos de participación y estándares internacionales.
Asimismo, Fernández indicó que se abrirá un diálogo político con las comunidades indígenas, parlamentarios y otros actores que formaron parte del proceso anterior. También se revisará la sistematización de los talleres ya realizados, con el objetivo de incorporar las experiencias previas y corregir las deficiencias detectadas.
DIÁLOGO POLÍTICO Y PRÓXIMOS PASOS
El plan del Gobierno contempla tres líneas de acción simultáneas: la solicitud de asistencia técnica a la OIT, el inicio de un diálogo político amplio y la revisión de la documentación de talleres pasados. Fernández no entregó un cronograma específico, pero señaló que se trabajará de manera gradual y con la participación de todos los sectores involucrados.
El subsecretario destacó que la reforma a la Ley Indígena es una prioridad para el Ejecutivo, pues busca resolver problemas concretos de las comunidades, como la imposibilidad de acceder a créditos, arrendar tierras o asociarse con terceros para proyectos productivos. No obstante, advirtió que cualquier cambio debe respetar los derechos de los pueblos indígenas y el marco del Convenio 169.
RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE
La modificación propuesta se enmarca en la Ley 19.253 y en el D.L. 830 (Código Tributario) en lo relativo a eventuales cargas fiscales de las transacciones. El proceso de consulta se rige por el Convenio 169 de la OIT y por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno, que ha establecido criterios sobre la obligatoriedad y alcance de esta consulta.
Críticos de la iniciativa han señalado que la flexibilización de la propiedad indígena podría generar presión sobre las tierras ancestrales, especialmente en contextos de expansión agroindustrial o inmobiliaria. El Gobierno ha respondido que el carácter voluntario de los contratos y el control comunitario evitarán esos riesgos.
El subsecretario Fernández enfatizó que el proceso será transparente y participativo, y que la asistencia técnica de la OIT garantizará que la consulta cumpla con los más altos estándares internacionales. La reforma aún no tiene fecha de ingreso al Congreso, pero el Gobierno espera avanzar durante el segundo semestre de este año.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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