El gobierno de Gabriel Boric y la actual administración de José Antonio Kast se encuentran en una aguda disputa pública sobre quién sabía qué y cuándo respecto al ingreso masivo de menores haitianos bajo la figura de reunificación familiar, caso que ha escalado hasta convertirse en una crisis institucional que cruza a los tres poderes del Estado.
Las versiones oficiales chocan de manera frontal. Mientras en Palacio aseguran que el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) recibió las primeras alertas hace al menos dos semanas sobre irregularidades heredadas del gobierno anterior, el propio servicio desmiente que esa información se hubiera formalizado durante el traspaso de mando.
El origen de la controversia es un preinforme reservado de la Contraloría General de la República, revelado esta semana por Radio Bío Bío, que detectó el ingreso de ciudadanos haitianos junto a menores de edad en vuelos chárter autorizados durante la administración de Gabriel Boric. El organismo fiscalizador advirtió falencias en los controles, registros incompletos y casos donde no se verificó adecuadamente el vínculo entre adultos y niños.
Más grave aún, durante las fiscalizaciones en terreno, la Contraloría no logró ubicar a parte de los menores cuyo ingreso había sido autorizado por el Estado, lo que ha abierto interrogantes sobre su paradero y posibles vulneraciones de derechos.
LA REACCIÓN DEL EJECUTIVO
Una vez que los antecedentes comenzaron a tomar forma, el asunto escaló rápidamente dentro del Ejecutivo. El biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, encabezó una reunión interministerial el miércoles con representantes de Interior, Relaciones Exteriores, Defensa, Seguridad Pública, Justicia, Desarrollo Social, Sermig, la PDI y Carabineros.
Sin embargo, antes de esa cita ya existía una definición presidencial: la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, sería la encargada de dirigir una fuerza de tarea para recopilar antecedentes y agilizar el intercambio de información.
El jueves, el Presidente Kast encabezó una reunión extraordinaria de cerca de una hora y cuarenta minutos en La Moneda con representantes de los tres poderes del Estado, la Contraloría y el Ministerio Público. Al término, Wulf reconoció «vacíos de información» que deben ser despejados con urgencia.
La ministra desplegó una intensa agenda que incluyó reuniones con el director de Sermig, Frank Sauerbaum; el subsecretario del Interior, Máximo Pavez; la presidenta de la Fundación Luksic, Ena von Baer; la directora ejecutiva de Amparo y Justicia, Pía Greene; el director general de la PDI, Eduardo Cerna; el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille; y el general director de Carabineros, Marcelo Araya.
LA DEFENSA DE LAS EXAUTORIDADES
En el centro de los cuestionamientos está Luis Eduardo Thayer, exdirector de Sermig durante la administración de Boric. Thayer ha sostenido públicamente que los antecedentes fueron abordados en reuniones de traspaso con las autoridades entrantes, pero en Migraciones actual niegan esa versión.
Thayer calificó el debate como «irracional» y dijo que «a ratos raya en la exageración». El exdirector defendió que su servicio recibió documentos originales y recordó que incluso en la Cámara de Diputados se votó un proyecto de resolución -no vinculante- respaldado por la izquierda y figuras de Chile Vamos, incluido el actual director de Migraciones.
El exsubsecretario del Interior, Víctor Ramos, se sumó a la defensa afirmando que «hubo un proceso de traspaso» y que «la información estuvo en la institución desde el primer día». Ramos agregó que «lo que ocurrió esta semana fue que un preinforme reservado de Contraloría fue filtrado a la prensa», y recordó que desde 2023 se pusieron los antecedentes a disposición del Ministerio Público.
La exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, planteó que fue durante el periodo anterior que se retiró al cónsul chileno en Puerto Príncipe y que «las autoridades entrantes fueron debidamente informadas».
OFENSIVA DEL OFICIALISMO
Los partidos del oficialismo han concentrado sus críticas en Thayer. El jefe de bancada de Republicanos, Benjamín Moreno, emplazó directamente a Boric: «¿Romperá el silencio de comentarista del CAE para referirse a los niños haitianos?».
La UDI pidió la visita de la relatora sobre trata de personas de Naciones Unidas, Siobhán Mullally, y solicitó a la Fiscalía que cite a declarar a Thayer como sujeto de interés. El Partido Nacional Libertario anunció una comisión investigadora para revisar las políticas migratorias desde el gobierno de Michelle Bachelet.
La vicepresidenta de RN, Ximena Ossandón, fue particularmente dura: «Me parece que la desfachatez del señor Thayer no tiene límites. Mejor ayude a buscar a esos niños».
Boric, mientras tanto, no se ha pronunciado sobre el caso, una semana después de romper el fair play con el gobierno de Kast al criticar los embargos del CAE.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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