Con una masiva concurrencia de autoridades judiciales, académicas y de derechos humanos, se inauguraron en Valdivia las primeras Jornadas Judiciales de Derechos Humanos, bajo el título “Sistemas de DD.HH. Aplicados: Herramientas Prácticas”. El evento, organizado por la Corte de Apelaciones de Valdivia, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral, se desarrolló los días 5 y 6 de junio de 2026 en la capital de la Región de Los Ríos.
La ceremonia inaugural fue encabezada por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich Ruiz; la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Karina Ormeño Soto; el rector subrogante de la Universidad Austral, Gustavo Blanco Wells; el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Felipe Paredes; y el director nacional del INDH, Jerco Lubetic Godoy. También asistieron ministros de la Corte Suprema, fiscales judiciales, jueces y representantes de servicios públicos de la región.
CONTEXTO DE VULNERABILIDAD Y DEBER JUDICIAL
En su intervención, el rector Blanco Wells subrayó que la reflexión sobre derechos humanos no es solo un ejercicio jurídico, sino una tarea ética, política y educativa que exige fortalecer las capacidades institucionales para una protección efectiva. Destacó que la iniciativa coincide con la puesta en marcha de un nuevo magíster en derechos humanos de la Universidad Austral.
El decano Paredes advirtió sobre la “peligrosa tentación” de pensar que el derecho internacional de los derechos humanos es una roca sólida en tiempos de crisis. Recordó que los sistemas regionales no nacieron de un consenso pacífico, sino de la fragilidad y de la audacia de jueces como Rolf Ryssdall y Antonio Cancado Trindade, artífices del control de convencionalidad. “Ningún Estado cede soberanía por pura vocación filosófica”, afirmó, llamando a los jueces a mantener una “audacia hermenéutica” frente al repliegue nacionalista y populista.
Por su parte, el director del INDH, Jerco Lubetic Godoy, señaló que los derechos humanos corren el riesgo de ser solo una abstracción si no se encarnan en acciones concretas. Destacó el rol central del Poder Judicial en hacer efectivos los derechos, especialmente en un contexto de políticas de seguridad que pueden deteriorar libertades, avance de la inteligencia artificial y “implosión democrática” en diversas regiones.
SISTEMA INTERAMERICANO: ORÍGENES Y APORTES
La conferencia magistral estuvo a cargo de Antonia Urrejola Noguera, ex presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ex canciller de Chile. Urrejola ofreció un vasto recorrido por la historia y la arquitectura del sistema interamericano, desde la creación de la CIDH en 1959 hasta la doctrina del control de convencionalidad. Relató cómo la Comisión, pese a un mandato inicial meramente promocional, comenzó a recibir peticiones individuales y a realizar visitas in loco que marcaron hitos, como la visita a Argentina en 1979 o a Perú en el año 2000.
Destacó que el sistema ha sido motor de reformas estructurales: desde la prohibición de la censura cinematográfica en Chile (caso “La Última Tentación de Cristo”) hasta la Ley María da Penha en Brasil sobre violencia doméstica. En materia de justicia transicional, Urrejola subrayó los pilares de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y recordó el caso Almonacid Arellano como germen del control de convencionalidad.
IMPACTO EN LA JUDICATURA CHILENA
Una mesa posterior, moderada por la ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia, abordó casos recientes del sistema interamericano contra Chile. La jueza Pamela Gulf, titular del Juzgado de Garantía de San José de la Mariquina, expuso sobre nuevas acciones judiciales orientadas a la reparación simbólica y la construcción de memoria, como recursos de protección para rectificar noticias falsas publicadas durante la dictadura o para retirar reconocimientos a perpetradores.
David Bamondes, jefe regional del INDH en O’Higgins, se refirió al caso Almonacid Arellano, donde la Corte Interamericana estableció la obligación de los jueces nacionales de ejercer un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana. La profesora Daniela Catino, de la Universidad Austral, analizó el caso Vega González y otros, que condenó la aplicación de la media prescripción del artículo 103 del Código Penal en crímenes de lesa humanidad, generando impunidad parcial. Catino destacó el desafío que implicó para la Corte Suprema revisar sus propias sentencias y reajustar las penas.
La jornada concluyó con un llamado a la vigilia permanente de los estándares interamericanos, recordando que su supervivencia depende de la voluntad judicial de aplicarlos, incluso cuando surgen discursos negacionistas.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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