El gobierno del presidente José Antonio Kast enfrenta una creciente presión interna por el cumplimiento de su promesa de indultar a funcionarios militares y policiales condenados por hechos ocurridos durante el estallido social de 2019. La exigencia, que se ha convertido en un eje central para el Partido Republicano y sectores afines, choca con la estrategia cautelosa que ha impuesto el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien ha puesto freno a cualquier decisión apresurada.
La tensión se evidenció durante una cena en Cerro Castillo el 7 de julio, donde el senador Ignacio Urrutia interpeló directamente al jefe de Estado sobre la demora en conceder los indultos. Urrutia recordó que se trata de un compromiso de campaña y advirtió que varios uniformados de edad avanzada se encuentran en prisión sin una respuesta del Ejecutivo. Kast, según asistentes al encuentro, evitó fijar plazos y reiteró que ejercerá su facultad de indulto caso a caso, basándose en la información objetiva que le proporcione el Ministerio de Justicia.
PRESIÓN POR PROMESA DE CAMPAÑA
El presidente asumió el compromiso durante la campaña electoral de 2025, cuando afirmó que indultaría a los carabineros y militares condenados por hechos del estallido social. Incluso grabó un video junto al excapitán Patricio Maturana en la Cárcel de Molina, donde cuestionó al Poder Judicial y se comprometió a estudiar los antecedentes. Sin embargo, una vez en el gobierno, Kast ha moderado su discurso y se ha alineado con la postura jurídica de Rabat, quien le recomendó no cuestionar las sentencias judiciales y analizar cada solicitud de manera individual.
Este cambio de tono ha irritado al ala más dura de la derecha, especialmente al Partido Nacional Libertario, cuyo presidente, Johannes Kaiser, ha criticado abiertamente a Kast por no haber avanzado en la materia. La senadora Vanessa Kaiser, principal impulsora de un proyecto de indulto general, afirmó que «llegó el tiempo de las definiciones». El proyecto, ingresado por el Senado el 30 de julio, cuenta con la firma del timonel republicano Arturo Squella, lo que ha generado roces con Chile Vamos.
LOS TRES CASOS EMBLEMÁTICOS
En la lista de prioridades del sector figuran tres casos. El primero es el de Patricio Maturana, excapitán de Carabineros condenado a doce años por apremios ilegítimos y lesiones graves contra la senadora Fabiola Campillai, quien perdió la visión durante una manifestación en 2019. Solicitó el indulto un día después de la asunción de Kast y actualmente goza del beneficio de salidas los fines de semana. El segundo es Carlos Robledo, exconscripto condenado a diez años por la muerte de Romario Veloz. Kast mencionó su caso a fines de junio como ejemplo de las consecuencias del estallido. El tercero es el capitán Pablo Carvajal, condenado a siete años por apremios ilegítimos contra un joven que perdió un ojo. Se entregó en junio acompañado por Kaiser y el diputado Sebastián Zamora.
EL HERMETISMO DEL MINISTRO RABAT
Fernando Rabat, abogado de la Universidad de los Andes sin militancia política, ha diseñado una estrategia de absoluta reserva. En las primeras reuniones del equipo de Justicia, instruyó que nadie, salvo la jefa de la División de Reinserción Social, Fabiana Castro, se involucrara en el proceso. Incluso instaló un huellero en la división para impedir el acceso no autorizado. Rabat analiza los casos a puertas cerradas y ha rechazado al menos una solicitud, según reveló un informe de TVN: un condenado de 71 años por abuso sexual de una menor, cuyo indulto fue denegado el 28 de abril por no configurarse un caso calificado conforme al artículo 6 de la Ley 18.050.
El ministro informó ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado que hay 28 solicitudes pendientes, cinco de ellas relacionadas con el estallido social. Sin embargo, el ministerio mantiene bajo reserva cualquier actualización. En La Moneda aseguran que el foco está en los funcionarios afectados por el estallido, no en casos de violaciones a derechos humanos ocurridos durante la dictadura.
EL INDULTO GENERAL Y LAS TENSIONES POLÍTICAS
El proyecto de indulto general presentado por el Partido Nacional Libertario ha abierto un nuevo flanco entre republicanos y Chile Vamos. El gobierno no le pondrá urgencia y fuentes de Palacio señalan que la única vía vigente es la facultad presidencial para indultos particulares. El diputado RN Francisco Orrego advirtió que la viabilidad política del proyecto es muy baja, pues ingresa por el Senado donde el oficialismo no tiene mayorías. Algunos ministros ven con buenos ojos apartar el tema del Ejecutivo: si el Congreso aprueba la iniciativa, el problema se resuelve sin desgaste para Kast.
Desde Renovación Nacional, el diputado Diego Schalper ha propuesto modificar la norma que sanciona los apremios ilegítimos en el Código Penal, lo que beneficiaría a varios condenados sin necesidad de indultos. Mientras tanto, el presidente Kast insiste en que no cederá a las presiones y que actuará cuando corresponda, aunque en su propio sector crece la impaciencia. La batalla por los indultos promete ser una de las pruebas más complejas para un gobierno que busca equilibrar sus promesas de campaña con la gobernabilidad y el respaldo ciudadano.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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