La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados dio inicio el jueves al análisis de la denominada megarreforma impulsada por el Ejecutivo, en una sesión que concentró el debate en artículos clave para la tramitación de proyectos de inversión y el sector acuícola. La instancia, compuesta por 13 miembros —siete de ellos cercanos al oficialismo—, abordó los artículos 14 al 18 del proyecto, orientados a agilizar los permisos en iniciativas de inversión, y los artículos 6 y 7, que inciden directamente en la acuicultura, específicamente en relocalizaciones y microrelocalizaciones. La oposición centró sus críticas en el eventual costo ambiental y social de acelerar estos procesos, mientras que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, salieron en defensa de la propuesta gubernamental.
EL DEBATE SOBRE LA RESTITUCIÓN DE GASTOS POR RCA ANULADA
Uno de los puntos más controvertidos de la jornada fue la disposición que permite a los titulares de proyectos solicitar la restitución de los gastos incurridos en caso de que su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea anulada por una sentencia judicial. El diputado Jaime Bassa (Frente Amplio) calificó esta medida como un incentivo perverso, señalando que, a su juicio, se trata de un “seguro a la ilegalidad”. En su intervención, Bassa sostuvo que la norma incentivaría a los inversionistas a obtener políticamente una RCA, con el respaldo de recursos económicos, y que, ante una eventual ilegalidad, el Estado les devolvería los gastos.
El ministro Quiroz replicó que el mecanismo funciona como un seguro de baja probabilidad pero de alto costo, explicando que una inversión de miles de millones de dólares tiene muy pocas posibilidades de ser rechazada al final del proceso de evaluación ambiental. Agregó que, precisamente por esa baja probabilidad, la inversión no se materializa. Quiroz aclaró, además, que la restitución no operará si la RCA fue obtenida mediante información maliciosa por parte del titular, estableciendo un límite explícito en la propuesta.
LA ARREMETIDA EN EL SECTOR ACUÍCOLA
En el ámbito acuícola, la megarreforma propone modificar dos aspectos del artículo 5 de la Ley General de Pesca y Acuicultura (Ley 20.434), además de ajustes en patentes e informes ambientales. El primer cambio apunta a eliminar la obligación de someter al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) la relocalización de concesiones de salmones. El segundo busca eximir del procedimiento ambiental las microrelocalizaciones, argumentando que el sistema actual las ha tornado inviables en la práctica.
Según datos citados en el proyecto, desde la entrada en vigor de la norma en 2010 se han presentado 1.060 solicitudes de microrelocalización, de las cuales solo dos habrían sido exitosas, pese a su bajo impacto ambiental. El diputado Bassa cuestionó esta cifra durante el debate, precisando que de ese total solo 211 se encuentran en trámite y el resto han sido rechazadas, por lo que no es correcto afirmar que 1.058 esperan aprobación.
VOTACIÓN PROGRAMADA PARA EL LUNES
La discusión en la Comisión de Medio Ambiente continuará la próxima semana, con la votación de las indicaciones al proyecto programada para el lunes a las 13:00 horas. El resultado de esta instancia será determinante para el avance de la iniciativa, que busca modificar diversos aspectos de la institucionalidad ambiental y sectorial, en línea con la agenda de modernización y agilización de inversiones promovida por el gobierno de José Antonio Kast. Los ministros Quiroz y Toledo han reiterado que los ajustes propuestos no implican un debilitamiento de la institucionalidad ambiental, sino una adecuación de los plazos y procedimientos a las necesidades del desarrollo del país.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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