Empresas de servicios esenciales como las eléctricas, sanitarias y de gas lanzaron duras críticas contra una norma incluida en el proyecto de ley de Reconstrucción que avanza en el Congreso. La disposición, contenida en el artículo 32, obliga a estas compañías a reconectar gratuitamente a clientes residenciales y mipymes cuyos suministros hayan sido suspendidos por deudas, tanto durante una catástrofe como las contraídas antes de la emergencia. Los gremios aseguran que la medida es difícil de justificar y que debilita los incentivos al cumplimiento.
CRÍTICA DE EMPRESAS
Las asociaciones que agrupan a las empresas eléctricas, sanitarias y de gas natural enviaron una carta a El Mercurio firmada por Lorena Schmitt (Andess), Juan Meriches (Empresas Eléctricas A.G.) y Carlos Cortés (AGN). En ella cuestionan el diseño de la norma y piden su eliminación antes de la promulgación de la ley. Señalan que la medida extiende una solidaridad a obligaciones previas a la emergencia, lo que resulta difícil de justificar desde el punto de vista de la política pública.
ALCANCE DE LA NORMA
El artículo 32 obliga a las compañías a reconectar sin exigir pagos previos a usuarios que hayan sido cortados por deudas acumuladas durante la vigencia de una declaración de zona afectada por catástrofe, así como a aquellas contraídas con anterioridad. No es necesario acreditar que el usuario sufrió daños materiales ni que la deuda se originó por el desastre. La medida aplica a electricidad, agua potable, alcantarillado y gas de red.
PLAZOS Y COMPENSACIONES
La norma establece que la reconexión debe realizarse en un plazo de 48 horas para electricidad y gas, y de 24 horas para agua potable y alcantarillado. Prohíbe cobrar montos por reposición del suministro, visitas técnicas o conceptos similares. En caso de retraso, el usuario tiene derecho a una compensación equivalente a tres días de suministro gratuito por cada jornada de incumplimiento, que se descuenta automáticamente de la siguiente cuenta. Además, el usuario puede recurrir a tribunales para exigir la reconexión.
ADVERTENCIAS DE LOS GREMIOS
Las empresas criticaron que la norma no contempla excepciones ante caminos cortados, zonas aisladas, infraestructura destruida o condiciones de seguridad que impidan cumplir con los plazos. Sostienen que la ley fue diseñada como si durante una catástrofe continuaran las condiciones normales de operación. Advierten que obliga a destinar recursos operacionales escasos a reconexiones individuales, mientras que hospitales, viviendas y comercios esperan la reposición de servicios por daños de la emergencia.
TRAMITACIÓN LEGISLATIVA
La disposición se originó en una indicación parlamentaria en la Cámara de Diputados, suscrita por Ana María Gazmuri, Irací Hassler, Nathalie Castillo, Lorena Pizarro, Daniela Serrano, Marisela Santibáñez, Sofía González, Boris Barrera, Marcos Barraza, Bernardo Salinas, Luis Cuello y Gustavo Gatica. Luego fue eliminada en el Senado, pero repuesta por la Sala y finalmente incluida en el texto despachado por el Congreso. El Ejecutivo, mediante el ministro de Hacienda, formuló una reserva de constitucionalidad.
RECHAZO DE LA CPC
La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, calificó la disposición como una mala señal regulatoria y un claro caso de expropiación regulatoria. Sostuvo que la medida traslada íntegramente a las empresas el costo de una política pública y modifica las condiciones bajo las cuales prestan servicios. Afirmó que valida la cultura del incumplimiento y constituye un populismo legislativo.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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