La Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado retomó este martes la discusión del proyecto de ley que busca instalar detectores de humo y monóxido de carbono en viviendas nuevas y otras edificaciones, en segundo trámite constitucional. Durante la sesión, transmitida por el canal TV Senado Chile, los invitados coincidieron en que la normativa actual es insuficiente, pero divergieron respecto del alcance del proyecto y la inclusión de detectores de monóxido de carbono.
DIAGNÓSTICO CRÍTICO
Los representantes de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos describieron un escenario de alto riesgo. Marcelo Cofré, voluntario de la Decimotercera Compañía, expuso que la normativa vigente es deficiente, no se cumple, no se fiscaliza y carece de sanciones efectivas. Señaló que los detectores de humo, comparables a los cinturones de seguridad, constituyen la última barrera para salvar vidas cuando fallan los sistemas de protección pasiva y activa. Según cifras del Servicio Médico Legal, se registran alrededor de 280 muertes anuales por incendios en viviendas y 60 por intoxicación con monóxido de carbono.
Por su parte, Orlando Flores, director académico de Coaniquem, actualizó los datos: en 2025 fallecieron 301 personas por incendios, con el invierno como período más crítico y la Región Metropolitana como la más afectada. Flores subrayó que estas muertes son prevenibles y que la detección oportuna en el interior de las viviendas es la medida más costo-efectiva.
ALCANCE DEL PROYECTO
Uno de los puntos centrales del debate fue el universo de viviendas que cubriría la iniciativa en su redacción actual. Marcelo Cofré advirtió que el proyecto refundido solo alcanza a unidades bajo la ley de copropiedad (aproximadamente 2,4 millones), viviendas nuevas (alrededor de 100 mil al año) y algunos recintos como hoteles y establecimientos de larga estadía. Quedan fuera millones de viviendas existentes, especialmente las unifamiliares y aquellas ubicadas en sectores rurales o campamentos.
Tanto Bomberos como Coaniquem abogaron por ampliar la obligación a todas las viviendas del país, aunque reconocieron que un cambio cultural tomará tiempo. Propusieron mecanismos graduales, como exigir la instalación de detectores en cada operación de compraventa o arriendo de inmuebles existentes, o establecer un artículo transitorio que dé un plazo para la implementación generalizada.
EL DEBATE SOBRE EL MONÓXIDO DE CARBONO
La inclusión de detectores de monóxido de carbono generó la principal divergencia. Ivo Subic, asesor de Coaniquem, sostuvo que incorporar este sensor encarecería la política pública hasta triplicar su costo y reduciría la adopción masiva. Argumentó que solo se justifica en viviendas que tengan equipos fijos de combustión con llama abierta, como calefones o cocinas a gas. La Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos respaldó esta postura, sugiriendo que la exigencia de monóxido de carbono quede limitada a esos casos particulares.
En cambio, la superintendenta de Electricidad y Combustibles (SEC), Marta Cabezas, defendió la inclusión del detector de monóxido de carbono en el proyecto. Recordó el caso de seis turistas brasileños fallecidos en 2019 en un edificio del barrio Lastarria, intoxicados por monóxido de carbono. La SEC sostuvo que, aunque la normativa de instalaciones interiores de gas ha reducido accidentes, persisten defectos críticos que justifican una alerta temprana.
FISCALIZACIÓN Y MANTENCIÓN
Otro aspecto relevante fue la fiscalización. Los expositores coincidieron en que la Ley General de Urbanismo y Construcciones no establece sanciones efectivas para el incumplimiento de las normas de seguridad contra incendios. Marcelo Cofré criticó que el artículo 20 de dicha ley haga prescribir las acciones al momento de la recepción municipal de la obra, lo que deja sin efecto cualquier inspección posterior.
Desde el Ejecutivo, Ricardo Leñam, asesor legislativo del Ministerio de Vivienda, preguntó si los certificadores de instalaciones de gas podrían también verificar los detectores de monóxido. La superintendenta Cabezas respondió que no necesariamente, porque el detector es un artefacto independiente y no parte de la instalación de gas. No obstante, se mostró dispuesta a estudiar la posibilidad de incorporar esa verificación en el futuro.
CONSULTA JURÍDICA SOBRE FOINZA
En los puntos varios de la sesión, un senador solicitó un oficio al departamento jurídico del Ministerio de Vivienda para aclarar si es procedente que el Estado expropie terrenos de su propia propiedad. La duda surgió tras conocer que el Ministerio considera expropiar terrenos de Foinza, una institución 100% estatal, para destinarlos a viviendas sociales. El senador señaló que la autoexpropiación no existe en nuestro ordenamiento, por lo que pidió un pronunciamiento jurídico formal.
PRÓXIMOS PASOS
La comisión continuará analizando las indicaciones al proyecto, tomando en cuenta las observaciones técnicas recibidas. Tanto Bomberos como Coaniquem se comprometieron a colaborar en la redacción final y en la campaña de concientización ciudadana, siguiendo el ejemplo del cinturón de seguridad y la prohibición de fuegos artificiales.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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