Fundación Libera: la ONG chilena que puso a los exportadores de salmón y fruta en la mira de Washington
Por Fernando Vega
20 JULIO 2026
El fracaso de Chile a la hora de imponer y hacer cumplir eficazmente las prohibiciones sobre el trabajo forzoso en sus sectores agrícola y salmonero no es un vacío regulatorio abstracto. Es un sistema activo, facilitado por el gobierno, que extrae valor de los trabajadores vulnerables, distorsiona el costo de los bienes que ingresan al comercio de los Estados Unidos y crea vulnerabilidades estratégicas en la infraestructura portuaria crítica, expone en su denuncia ante la USTR, la máxima entidad del comercio estadounidense, la fundación chilena Libera, una de las principales organizaciones tras la posible aplicación de aranceles a las exportaciones chilenas a ese país.
Todo comenzó el 12 de marzo de 2026, cuando el Gobierno de Donald Trump abrió una investigación formal sobre supuestas vulneraciones a los derechos laborales en las cadenas de suministro globales, algo que se interpretó como parte de su guerra comercial con China, pero que abarcaba a 60 economías, entre ellas, Chile.
El proceso escaló con extrema rapidez y el 2 de junio pasado la USTR anunció que tras su investigación inicial, Chile y otras 53 economías incumplían los estándares exigidos para erradicar el trabajo forzoso. Y abrió una fase de comentarios a su decisión de proponer la aplicación de un arancel punitivo del 12,5% a las exportaciones chilenas que hasta entonces tenían un arancel de 10%. El 7 de julio, comenzaron las audiencias públicas y los primeros en llegar por Chile fueron la Fundación Libera y SalmonChile.
SALMONES Y FRUTAS
El sistema de justicia chileno a menudo interpreta y procesa los actos de trata como meras infracciones laborales, exigiendo altos umbrales de evidencia, como demostrar un control extremo sobre la libertad física de la víctima, para reconocer violaciones concretas de derechos, se puede leer entre los argumentos del documento de 15 páginas ingresado a la USTR el 14 de abril de 2026, donde la ONG chilena recomienda el castigo arancelario. Es crucial que Chile incorpore los más altos estándares internacionales en su legislación nacional y comercio internacional para posicionarse como un socio justo y confiable, y cumplir plenamente con su deber internacional de proteger los derechos humanos de los trabajadores y sus comunidades, exponen. Y solicitan que el comité estadounidense exija a Chile reformas legislativas urgentes, como la tipificación del trabajo forzoso como delito autónomo y la creación de una ley de prohibición de importaciones análoga a la de Estados Unidos, y aplique restricciones comerciales si no hay cumplimiento.
La ofensiva apunta directamente a dos pilares exportadores del país: la agricultura y la industria salmonera, cuyas exportaciones totales sumaron 9.460 millones de dólares y 6.549 millones de dólares respectivamente durante 2025, según cifras de Odepa y SalmonChile basadas en datos del Banco Central. Solo los envíos de salmón a Estados Unidos totalizaron 2.399 millones de dólares, equivalentes al 40% de las exportaciones sectoriales. La ONG justifica esta petición acusando que en ambas industrias se han documentado los 11 indicadores de trabajo forzoso establecidos por la OIT: restricción de movimiento, retención de salarios, aislamiento y engaño, entre otros. Además denuncia que el Estado chileno tolera estas prácticas al no fiscalizarlas penalmente. Según el documento, esto permite a las empresas reducir artificialmente sus costos mediante dumping social, lo que distorsiona el valor de los bienes que ingresan al mercado estadounidense. El texto de Libera exige explícitamente sanciones y restricciones de importación para la industria salmonera y el sector agrícola frutícola chilenos, específicamente: arándanos, mandarinas y clementinas.
MEDIDAS COMERCIALES Y DERECHOS HUMANOS
Según su página web, la Fundación Libera es una entidad sin fines de lucro que lucha por prevenir y combatir la trata de personas y la esclavitud en todas sus formas. Su presidenta es la abogada de la Universidad de Concepción, Carolina Rudnick, exasesora del Ministerio del Interior (2013-2015) donde estuvo en la mesa intersectorial sobre trata de personas. También es consultora jurídica de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA y docente universitaria.
Libera es una ONG bien conocida en los mundos de las entidades de apoyo a migrantes y mujeres y feministas especialmente. La ONG además es parte de redes de derechos humanos, laborales y migratorios con conexiones mundiales, tales como la Global Alliance Against Trafficking of Women (GAATW), OECDWatch y la Coalition against Forced Labor in Trade (CAFLT). Para hacerse una idea: The Freedom Fund, una de las fundadoras de CAFLT, red a la que pertenece Libera, es una organización británica-estadounidense financiada entre otros por las fundaciones de Bill y Melinda Gates, el grupo Bloomberg, el poderoso fondo privado del multimillonario neozelandés Christopher Chandle, Legatum y el Skoll Foundation del primer presidente de Ebay, Jeff Skill. El Human Trafficking Legal Center, cofundador de CAFLT junto a Freedom Fund, recibe fondos de varias fundaciones estadounidenses.
Las medidas comerciales como instrumento para promover los derechos humanos honran la esencia misma de las sociedades libres y democráticas: todos somos iguales ante la ley, argumenta Libera en su escrito ante la USTR.
LOS HAITIANOS DEL MAULE
En Chile, Libera se hizo conocida cuando apuntó hasta el propio Fiscal Nacional, Ángel Valencia, en 2024 en medio de dos bullados casos en El Maule, pleno corazón agrícola del país, por trata de personas, lavado de activos y cohecho, donde se enfrentó a las fiscalías locales y regionales. En Curicó representó a más de una veintena de trabajadores migrantes, entre ellos ciudadanos haitianos y venezolanos, que denunciaban haber sido víctimas de trata de personas con fines de explotación agrícola.
La fundación acusó a la fiscalía local de intentar cerrar la investigación reiteradas veces, negándose a investigar la presunta participación de funcionarios públicos. Esto motivó a Rudnick a querellarse administrativamente contra el fiscal regional del Maule, Julio Contardo, en noviembre de 2022, y escalar la pugna hasta el propio Fiscal Nacional, Ángel Valencia, a través de un recurso de protección por denegación de justicia, que finalmente fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago en abril de 2024.
A ese frente se suma un caso paralelo en Molina, donde representaban a una familia venezolana presuntamente sometida a trabajo forzoso entre 2021 y 2024. La justicia decretó el sobreseimiento definitivo por falta de prueba precisa. Libera intentó revertirlo mediante un recurso de queja contra los ministros de la Corte de Apelaciones de Talca, pero el 7 de mayo pasado, la Segunda Sala de la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso, debido a que venció el plazo legal.
El proceso en la USTR no ha terminado. Cerrada la ronda de audiencias públicas del 7 de julio, el Comité analizará ahora los comentarios escritos y los testimonios para emitir una decisión definitiva que puede aplicar el arancel del 12,5%, reducirlo, condicionarlo a reformas legislativas chilenas, o excluir productos específicos del listado. No hay plazo legal fijo: históricamente este proceso toma entre 30 y 90 días desde el cierre de audiencias.
Pulso intentó contactarse con Carolina Rudnick, pero hasta el cierre de esta edición no recibió respuesta.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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