El anuncio del subsecretario de Justicia, Luis Silva, sobre un eventual “plan B” para ampliar la cárcel concesionada de Rancagua si la obra de Santiago 1 sigue bloqueada judicialmente desató un rechazo transversal de los parlamentarios de la Región de O’Higgins, quienes advierten que el gobierno central no puede resolver los problemas carcelarios de la capital trasladando sus costos a las regiones.
En declaraciones al programa Estado Nacional de TVN, Silva afirmó que el Ejecutivo tiene como alternativa adelantar el proyecto de ampliación del recinto penitenciario ubicado en el bypass de Rancagua. “Tenemos un plan B y sería Rancagua”, señaló el subsecretario, en alusión a que esa obra estaba prevista para una fase posterior pero podría adelantarse ante la paralización de Santiago 1.
Esa paralización fue ordenada por el 17° Juzgado Civil de Santiago, que detuvo los trámites para sumar cerca de 1.200 plazas en el paño Pedro Montt, un sector que ya alberga el Centro de Justicia, el Servicio Médico Legal, las cárceles Santiago 1 y Santiago Sur, el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad y dependencias de Gendarmería.
RECHAZO TRANSVERSAL EN EL CONGRESO
La reacción de los legisladores de O’Higgins fue inmediata y unánime. El diputado Fernando Zamorano (PPD) calificó la declaración del subsecretario como “gravísimo tanto de forma y fondo”, al hacer anuncios de esta naturaleza a través de la prensa sin considerar a las comunidades locales.
Su compañero de bancada, el diputado Raúl Soto (IND-PPD), reconoció que el país enfrenta un “serio problema” en materia carcelaria, pero advirtió que “no queremos transformarnos tampoco en el patio trasero de la delincuencia y de los reos de la Región Metropolitana”. Soto exigió una evaluación técnica y responsable antes de cualquier decisión.
Desde el Partido Socialista, el senador Juan Luis Castro describió la propuesta como “un despropósito”. Cuestionó que se pretenda “utilizar nuevamente la ciudad de Rancagua como el foco de la delincuencia, ahora concentrado en una cárcel, que es la misma que hemos tenido siempre por 20 años, y que ahora pretenden ampliar las plazas y etiquetarla de alta seguridad”. Castro afirmó que la medida no contará con apoyo en la región.
La diputada Carolina Cucumides (IND-PS) se opuso rotundamente y sostuvo que el problema de Santiago 1 “no se puede resolver a costa de las regiones”. Criticó la falta de consulta ciudadana: “Nos oponemos de antemano a una toma de decisiones del gobierno central sin participación ciudadana y sin participación de las autoridades locales”.
Por su parte, la diputada Valentina Cáceres (FA) rechazó que el Ejecutivo “siga viendo a nuestra región como el lugar donde se trasladan los costos de las malas decisiones tomadas en Santiago”. Señaló que el sector rural de Rancagua no puede convertirse en el “patio trasero de la capital cada vez que una política pública fracasa o encuentra resistencia”. Exigió que las decisiones que afectan a las familias de O’Higgins sean tomadas con respeto.
La diputada Natalia Romero (IND-UDI) adoptó un tono más conciliador pero igualmente crítico. Dijo entender que el gobierno necesita ampliar cárceles para su plan de seguridad, pero lo invitó a que “conozca la realidad hoy día de Rancagua con la cárcel concesionada, a que busque lugares con menos población y por supuesto donde haya mayor factibilidad”. Además, pidió un plan especial contra la delincuencia en el cono norte de la región y en la ciudad de Rancagua, como compensación por la eventual ampliación.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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