El ministro de Seguridad, Martín Arrau, inició una nueva etapa en su gestión con la remoción de los dos subsecretarios de la cartera y la presentación ante el Senado de una ambiciosa agenda legislativa compuesta por 26 proyectos de ley y 39 acciones operativas. La jornada del martes marcó un punto de inflexión en el liderazgo del ministerio, en medio de expectativas y reparos tanto desde la oposición como de expertos en seguridad pública.
CAMBIO DE GABINETE EN SEGURIDAD
Como primer movimiento, Arrau solicitó la salida de Andrés Jouannet, quien se desempeñaba como subsecretario de Seguridad, y de Ana Victoria Quintana, subsecretaria de Prevención del Delito. Según explicó el propio ministro, la decisión respondió a una evaluación constante del desempeño del equipo, y contó con la libertad otorgada por el Presidente de la República para reorganizar su cartera.
En su reemplazo, asumieron María del Pilar Giannini Bravo como nueva subsecretaria de Seguridad Pública y Gonzalo Guerrero Valle como subsecretario de Prevención del Delito. Ambos provienen del entorno del biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado: Guerrero se desempeñaba como jefe de gabinete de Alvarado, mientras que Giannini lo asesoraba en materias de seguridad.
EL PLAN LEGISLATIVO ANTE EL SENADO
En su comparecencia ante el Congreso, el ministro detalló una batería de iniciativas que, aunque contempla 26 proyectos en total, prioriza ocho de ellos. Entre las medidas anunciadas destacan la extensión de la flagrancia, un proyecto para modificar el sistema de expulsiones de extranjeros que cometen delitos permitiendo su retención por un período más prolongado, la denominada ley antiencapuchados, que busca sancionar el ocultamiento de identidad en manifestaciones, y el fortalecimiento de las normas contra el crimen organizado.
Asimismo, Arrau puso urgencia al avance del juicio oral en ausencia, considerando que actualmente existen más de 77 mil órdenes de detención pendientes, y anunció un proyecto que sanciona la fuga como mecanismo de impunidad. El paquete se complementa con una reforma estructural a Carabineros, orientada a mejorar incentivos y condiciones laborales; una reforma a Gendarmería para integrarla plenamente al Ministerio de Seguridad; y ajustes en la PDI para fortalecer la persecución de delitos financieros y tecnológicos.
Además, el ministro recordó otras iniciativas complementarias, como el Registro Nacional de Vándalos, la tipificación de ingresos clandestinos, el robo por tumulto, mejoras en expulsiones administrativas, seguridad en recintos penales, reglas de uso de la fuerza, seguridad en el Metro y el fortalecimiento de los estados de excepción.
CRÍTICAS POR FALTA DE METAS Y PLAZOS
Si bien sectores de la oposición valoraron que Arrau haya reconocido y considerado la Política Nacional de Seguridad del gobierno del ex Presidente Gabriel Boric, surgieron cuestionamientos sobre la presentación. El diputado Raúl Leiva (PS), integrante de la comisión de Seguridad, señaló que el ministro «no presentó metas ni plazos». A su juicio, Arrau replica los ejes temáticos de dicha política, pero sin definir objetivos concretos ni cronogramas. Leiva reconoció, no obstante, la apertura al diálogo del ministro y pidió «darle una oportunidad».
En tanto, Kenneth Bunker, director del Laboratorio de Democracia y Gobierno de la Universidad San Sebastián, consideró que Arrau llega «empoderado» y que el cambio de equipo demuestra que no está improvisando. Bunker destacó que el ministro ha mostrado medidas específicas y que es positivo que pueda trabajar con personas de su confianza.
DEBATE SOBRE EL REGISTRO NACIONAL DE VÁNDALOS
Uno de los puntos más controvertidos del plan fue el Registro Nacional de Vándalos. El diputado Leiva lo calificó como «absolutamente clasista» y sin proporcionalidad, al vincular su aplicación con beneficios sociales como la Pensión Garantizada Universal (PGU). Preguntó si a un joven que comete un ilícito menor se le podría quitar la PGU en 45 años más, y criticó que la medida apunte principalmente a sectores vulnerables, mientras delitos más graves como la colusión quedarían fuera.
Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, también manifestó reparos. Señaló que el registro tiene «un problema de base» y que no será efectivo. Johnson explicó que es necesario definir claramente qué se entiende por «incivilidad», que el aumento de sanciones no inhibe automáticamente la comisión de infracciones, y que la posibilidad de captura es un factor clave. Además, advirtió que quitar beneficios sociales puede tener un efecto contraproducente.
Bunker, por su parte, indicó que el registro de vándalos, combinado con el proceso de deportaciones o salidas reguladas, muestra que «algo se está haciendo», pero que será necesario dar a conocer los avances a la ciudadanía para que persista la sensación de que el tema se aborda con la responsabilidad y fuerza que merece.
El ministro Arrau enfrenta ahora el desafío de traducir sus anuncios en resultados concretos, mientras las críticas sobre plazos, metas y el diseño de ciertas medidas mantienen abierto el debate legislativo y político.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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