El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, se refirió a la investigación fiscal por un presunto fraude de subvenciones que involucra al diputado republicano Alejandro Riquelme. La autoridad señaló que ningún ciudadano queda exento de los procesos de fiscalización que impulsa su cartera.
LOS ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA
La investigación fue abierta por el Ministerio Público tras una denuncia presentada por funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de la Región de Magallanes. El informe, recibido por el ministro Poduje a principios de mayo, apunta a hechos ocurridos durante el año 2022.
De acuerdo con los antecedentes entregados por el Serviu, la beneficiaria de un subsidio habitacional habría sido Susana Chicuy, quien es pareja y socia comercial de quien entonces se desempeñaba como consejero regional y hoy es diputado, Alejandro Riquelme. El subsidio en cuestión estaba destinado preferentemente a población en situación de vulnerabilidad.
La denuncia detalla que Riquelme y Chicuy mantienen tres hijos en común y han constituido tres sociedades comerciales. Una de estas sociedades habría recibido transferencias que superan los 400 millones de pesos, provenientes del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) y de la Tesorería General de la República, durante el ejercicio del año 2022.
DECLARACIONES DEL MINISTRO
El ministro Poduje confirmó que la denuncia fue efectivamente presentada ante la fiscalía. «La información que manejamos es que esa denuncia está hecha», afirmó la autoridad, quien contextualizó el caso dentro del plan de fiscalización que desarrolla el ministerio respecto del uso de viviendas sociales.
La autoridad enfatizó que el proceso investigativo se aplica sin distinciones. «Estamos ejecutando un plan de fiscalización sobre el uso indebido de las viviendas sociales, y esa labor alcanza a todos los ciudadanos por igual; la ley es la misma para todos, sin excepción», sostuvo Poduje.
Consultado sobre las medidas de prevención existentes para evitar este tipo de situaciones, el ministro indicó que la labor de revisión es constante. Precisó que actualmente existen tres mil casos en etapa de revisión a nivel nacional.
Según explicó, el objetivo es intensificar la fiscalización debido al impacto social que generan las ocupaciones irregulares. «Cuando una vivienda social se ocupa indebidamente, una familia vulnerable se queda sin techo, y como ministerio no podemos tolerar esa situación», afirmó la autoridad.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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