La Cámara de Diputados envió a comisión mixta el proyecto de ley que “perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa” para la repatriación de migrantes irregulares, tras su discusión en la Sala de la corporación, debido al rechazo a una de las enmiendas realizadas por el Senado. La iniciativa fue parte de la agenda legislativa del gobierno del expresidente Gabriel Boric y busca fortalecer las facultades del subsecretario del Interior y las atribuciones de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).
DISTANCIA EN PLAZOS
El grueso del proyecto contenido en el informe del Senado, que incluyó correcciones y modificaciones, fue aprobado por 125 votos a favor y 13 abstenciones. Sin embargo, hubo discrepancias en la enmienda introducida por la Cámara Alta de fijar un plazo mínimo de prohibición en el ingreso al país para las personas expulsadas de cinco años. La ley vigente actual establece un plazo de tres años. El Senado eliminó esta disposición, generando el desacuerdo que desató que el proyecto deba ser revisado por una comisión mixta, compuesta tanto por senadores como diputados.
RESERVA DE CONSTITUCIONALIDAD
Una vez conocido el resultado de la votación, el diputado del Frente Amplio, Jaime Bassa, comunicó en la Cámara Baja que se realizaría una reserva de constitucionalidad. Bassa detalló que se infringió el quórum exigido para modificar normas de rango orgánico constitucional y que las modificaciones vulneran el derecho al debido proceso al restringir desproporcionadamente los derechos constitucionales y reducir los plazos de reclamación de 10 a 5 días.
DEBATE PARLAMENTARIO
Durante el debate, parlamentarios defendieron la reducción de los tiempos de tramitación y la entrega de mayores facultades a la PDI. La diputada Macarena Santelices sostuvo que la iniciativa “es hacer justicia con los chilenos” y recalcó que “este proyecto no es contra los migrantes que ingresaron legalmente, es a favor del Estado de Derecho”. En la misma línea, la diputada Chiara Barchiesi afirmó que “una frontera sin control es una invitación al crimen” y destacó que la iniciativa incorpora la afectación grave al orden público como causal de expulsión.
El diputado Felipe Camaño respaldó el proyecto, aunque advirtió que debe ir acompañado de otras medidas de seguridad. “De nada sirve esta ley si no se fortalecen el control fronterizo, la coordinación entre la PDI, la Fiscalía y el Servicio Nacional de Migraciones y la capacidad de fiscalización real”, planteó. El diputado Javier Olivares calificó la situación migratoria como “un desafío histórico y devastador” y afirmó que “facilitar la expulsión administrativa es una herramienta de supervivencia institucional”.
CRÍTICAS Y DEFENSAS
El diputado Gaspar Rivas valoró los cambios incorporados por el Senado, afirmando que lograron equilibrar la eficacia de las expulsiones con las garantías constitucionales. Destacó que se excluyera a establecimientos educacionales y de salud de la obligación de entregar información para ubicar a personas sujetas a expulsión. En contraste, la diputada Ana María Gazmuri criticó la reducción del plazo para reclamar una expulsión y la eliminación de la posibilidad de que terceros representen al afectado, señalando que “eso representa un portazo al derecho de defensa”.
La diputada Marisela Santibáñez coincidió en la necesidad de expulsar a quienes delinquen, pero advirtió que ello no puede hacerse debilitando las garantías constitucionales. Por el oficialismo, la diputada Claudia Mora sostuvo que la iniciativa entrega herramientas concretas para enfrentar la crisis migratoria y expresó su esperanza de lograr en la comisión mixta la extensión a diez años de prohibición de reingreso.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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