La Bancada del Partido de la Gente presentó formalmente un proyecto de ley que, de aprobarse, obligaría a municipios y concesionarios a mantener siempre una alternativa de pago presencial en los estacionamientos de la vía pública. La iniciativa, ingresada por el diputado Javier Olivares junto a otros parlamentarios de la colectividad, apunta directamente a la imposición exclusiva de medios digitales como aplicaciones móviles o códigos QR, que hoy deja fuera a un segmento importante de la población.
El texto busca modificar el marco legal vigente, principalmente la Ley N° 20.967 que regula el cobro de servicios de estacionamiento y la Ley de Tránsito. Su efecto práctico sería impedir que los automovilistas reciban multas, intereses o denuncias cuando no exista un mecanismo físico disponible para pagar el estacionamiento. La propuesta llega en un contexto donde la digitalización de los servicios urbanos avanza sin que se haya garantizado la accesibilidad para todos los usuarios.
ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA
Según explicó el diputado Javier Olivares, la motivación del proyecto surge de reclamos ciudadanos recibidos desde distintas comunas del país. Relató que muchas personas se han encontrado con la situación de llegar a un estacionamiento público y descubrir que el único medio de pago es un código QR o una aplicación de teléfono, sin posibilidad de cancelar en efectivo o con tarjeta ante un operador físico. «Eso nos parece un absurdo. Nadie está obligado a tener un teléfono inteligente ni a descargar aplicaciones para poder pagar un servicio», sostuvo el legislador.
Por su parte, la diputada Lilian Betancurt puso el acento en la exclusión que genera la brecha digital. Señaló que no se puede aceptar que un adulto mayor, una persona con discapacidad o alguien sin acceso a internet reciba una multa simplemente porque no pudo pagar mediante una aplicación. «La tecnología debe facilitar la vida de las personas, no transformarse en una nueva forma de exclusión», afirmó.
CONTENIDO DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA
El proyecto establece que los municipios y las empresas concesionarias deben mantener mecanismos físicos de pago. Estas alternativas pueden ser personal autorizado que cobre directamente, tótems de atención, cajeros u otros sistemas que permitan cancelar en efectivo o con tarjeta. Estas opciones deben coexistir con las plataformas digitales, pero sin sustituirlas. La iniciativa también dispone que la ausencia de una alternativa presencial constituye una falta de servicio del operador, lo que impide que esa situación derive en sanciones contra los usuarios.
De esta manera, los conductores no serían responsables si el sistema digital falla o no existe un medio físico habilitado. La bancada PDG busca así compatibilizar el avance tecnológico con la disponibilidad real de alternativas de pago para quienes no poseen teléfono inteligente, acceso a internet o manejo de aplicaciones móviles.
ARGUMENTOS DE LOS PATROCINANTES
El diputado Alex Nahuelquín defendió el proyecto desde la perspectiva de la libertad de elección. Sostuvo que modernizar no significa obligar a todos los ciudadanos a usar un solo sistema de pago. «Los chilenos deben tener la libertad de elegir cómo pagar un servicio público, ya sea con efectivo, tarjeta o medios digitales. La innovación solo tiene sentido cuando incluye a todos», afirmó.
En tanto, el diputado Patricio Briones recalcó que la responsabilidad de ofrecer mecanismos accesibles debe recaer en quienes administran el servicio. «Cuando un municipio o una empresa decide cobrar por un servicio, también debe hacerse responsable de ofrecer mecanismos de pago accesibles. No puede trasladar el costo de la digitalización a los usuarios ni convertir una falla del sistema en una multa para los ciudadanos», indicó.
MODIFICACIONES LEGALES Y ALCANCE
La propuesta modifica la Ley N° 20.967, que regula el cobro de servicios de estacionamiento, y la Ley de Tránsito, incorporando la obligación expresa de mantener mecanismos físicos de pago en estacionamientos administrados por municipalidades o concesionarios. Además, se establece que la falta de alternativa presencial constituye una falta de servicio del operador, blindando a los usuarios frente a multas, intereses o denuncias.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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