La oposición chilena oficializó este jueves su decisión de recurrir al Tribunal Constitucional para frenar la denominada megarreforma impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, luego de una semana marcada por tensiones internas y descoordinaciones. El anuncio se realizó mediante una declaración conjunta en la que seis partidos —PS, PPD, PL, DC, Frente Amplio y PC— confirmaron que tanto diputados como senadores presentarán requerimientos ante el TC una vez concluya la tramitación del proyecto en el Senado.
La coordinación jurídica de esta ofensiva quedó en manos del abogado constitucionalista Tomás Jordán. La decisión de unificar la estrategia busca dotar de mayor coherencia a la arremetida legal, después de los roces públicos entre las distintas fuerzas políticas que integran el bloque opositor.
CONTEXTO Y ALCANCE DEL RECURSO
El anuncio se produjo cuando la megarreforma gubernamental se encuentra en su recta final en el Congreso, con la votación en el Senado como último hito antes de su eventual entrada en vigor. La oposición sostiene que la iniciativa contiene disposiciones que vulneran principios del ordenamiento jurídico chileno, en particular en materia tributaria y de evaluación ambiental.
Jordán explicó que los partidos solicitarán al TC un pronunciamiento sobre dos ejes centrales. El primero es la invariabilidad tributaria por un cuarto de siglo, un mecanismo que, según los recurrentes, otorga una estabilidad fiscal desmedida sin justificación suficiente. El segundo es la indemnización contemplada en caso de anulación de una Resolución de Calificación Ambiental, que la oposición considera contraria a garantías del debido proceso y al principio de igualdad ante la ley.
El abogado fue categórico al señalar que, a juicio de los requirentes, existen vicios jurídicos en estas normas. «Hay ciertos elementos que tienen que ser discutidos jurídicamente y que el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse sobre si hay o no un vicio», declaró. «A nuestro parecer sí lo hay, un vicio estrictamente jurídico, entre estas normas que establecen ciertos estatutos de estabilidad no justificados, atentando contra el principio democrático», agregó.
RESPALDO Y ESTRATEGIA DE LA OPOSICIÓN
La ofensiva legal cuenta con el respaldo de la totalidad de los partidos de la oposición, desde el PS hasta el PC, lo que refleja una unidad en un bloque que ha enfrentado profundas diferencias durante la tramitación legislativa. La coordinación jurídica unificada busca evitar que cada colectividad presente recursos por separado.
La opción de recurrir al Tribunal Constitucional no es nueva en esta coalición. Durante la pandemia, Jordán ya representó a parlamentarios de la DC ante el mismo tribunal para defender la reforma que permitió el segundo retiro de fondos de pensiones.
PERFIL DE TOMÁS JORDÁN
Abogado de la Universidad de Chile y militante de la Democracia Cristiana, Jordán tuvo un paso clave por el segundo gobierno de Michelle Bachelet, donde se desempeñó como asesor presidencial. Su nombre estuvo asociado a la propuesta de Nueva Constitución que la exmandataria presentó al Congreso en marzo de 2018, al cierre de su administración. Antes, integró el equipo negociador de las reformas políticas surgidas del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción.
Su experiencia en litigios constitucionales lo llevó también a participar en el proceso constituyente de 2023, donde fue uno de los 14 árbitros propuestos por la DC para velar por el cumplimiento de las bases institucionales. Este historial lo posiciona como un operador jurídico con conocimiento tanto del funcionamiento del TC como de los mecanismos de control de constitucionalidad.
IMPLICANCIAS PARA EL PROCESO LEGISLATIVO
La presentación de los requerimientos se producirá una vez que el Senado vote definitivamente el proyecto, momento en el que se abrirá la ventana para impugnar normas específicas ante el TC. La oposición espera que el tribunal declare inconstitucionales los artículos relativos a la invariabilidad tributaria y a la indemnización por RCA anulada.
Los partidos firmantes han reiterado su disposición a agotar todas las instancias jurídicas disponibles para impedir que estas normas entren en vigor. La decisión de la magistratura será clave para definir el rumbo de una de las reformas más emblemáticas del actual gobierno.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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